La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una ley que establece el marco normativo para la disposición de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, busca resolver una problemática ambiental y de seguridad pública que afecta a distintas localidades.
La norma permitirá que los vehículos inmovilizados en depósitos estatales o en la vía pública —por infracciones, contravenciones o delitos— sean reutilizados por las Fuerzas de Seguridad, subastados públicamente o enviados a descontaminación y compactación, según su estado de conservación. Todo el proceso deberá realizarse de manera ambientalmente responsable.
El proyecto, que adhiere a la Ley Nacional N.º 26.348, moderniza el sistema provincial de gestión de bienes decomisados, tomando como referencia modelos exitosos en Río Negro, Chubut, Santa Fe, La Pampa y CABA.
Durante el debate legislativo, la diputada Gabriela Mancilla subrayó que la iniciativa busca solucionar la acumulación de vehículos abandonados en la vía pública, comisarías y depósitos municipales, “que terminan siendo focos de contaminación y potenciales generadores de delitos”.
En tanto, el diputado Ariel Gurruchaga advirtió sobre los impactos ambientales de estos automóviles deteriorados, cuyos fluidos contaminan el suelo y las napas, además de representar un riesgo de incendios o accidentes.
Entre los beneficios destacados se encuentran la recuperación de espacios públicos, la eliminación de focos de contaminación, la prevención de incendios, la erradicación de depósitos informales, y el fomento de la economía circular.
Asimismo, la ley incorpora herramientas procesales para la Justicia, modificando el Código Procesal Penal provincial e incorporando normas del régimen de decomiso del Código Penal. Esto permitirá dar un uso social y preventivo a los vehículos involucrados en causas judiciales, reforzando el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Finalmente, se creará una Base Única de Datos que concentrará información sobre los vehículos depositados en dependencias públicas. Este registro busca agilizar los procedimientos, fortalecer la transparencia y optimizar el control estatal. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, que podrá solicitar informes al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y sumar unidades en condiciones a la flota policial.
