La Fiscalía de Estado de San Luis impulsará una denuncia penal contra el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá por su presunta participación en la compra con sobreprecio de un colectivo destinado a San Luis Fútbol Club, en el marco del juicio por corrupción que tiene como principal acusada a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.
La decisión fue confirmada por el fiscal adjutor Rafael Berruezo, quien señaló que la presentación judicial se basa en la declaración del propio ex mandatario durante la tercera jornada del debate oral, donde —según indicó— asumió un rol central en la operación investigada.
“Vamos a denunciarlo desde la fiscalía, atento a lo que ha declarado, por ser coautor del delito de defraudación a la administración pública”, afirmó el funcionario.
Una nueva causa judicial
Berruezo aclaró que la denuncia no se incorporará al expediente actual, ya que el juicio contra Ramírez se encuentra en su tramo final, sino que dará origen a una nueva investigación.
“Va a tener que hacerse otra denuncia que entrará mañana o el viernes”, precisó.
El elemento clave que motivó la decisión fue la propia declaración de Rodríguez Saá, quien reconoció haber ordenado la compra del colectivo sin condicionamientos sobre el monto.
“Estoy al tanto de lo del colectivo y soy absolutamente responsable. Di la orden de compra. Con el monto que fuera”, sostuvo el ex gobernador ante el tribunal.
Para la Fiscalía, esta afirmación implica una autoincriminación directa. “Se autoincriminó claramente porque reconoció que él dio la orden y que se compró ese colectivo”, explicó Berruezo.
Posibles implicados
Además del ex mandatario, el fiscal no descartó avanzar contra otros ex funcionarios que habrían intervenido en la operación.
Entre los nombres mencionados figuran el ex ministro de Gobierno Fabián Filomena, el ex secretario General de la Gobernación Miguel Berardo y el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, quienes —según el testimonio— habrían dado el visto bueno a la compra.
No obstante, aclaró que por el momento la imputación confirmada es la de Rodríguez Saá, mientras se analiza la eventual responsabilidad del resto.
El eje del caso: un colectivo cuestionado
La causa gira en torno a la adquisición de un colectivo por aproximadamente $290 millones, con un presunto sobreprecio cercano a los $175 millones.
Durante el juicio, un informe pericial puso en duda el estado de la unidad. Según detalló el fiscal, el vehículo presentaba un deterioro significativo.
“Era un cascajo con 800 mil kilómetros. No tenía aceite, no podía circular, las cubiertas estaban destruidas. Lo arrancaron y lo tuvieron que apagar porque se fundía”, describió.
Berruezo también remarcó que el dinero no fue entregado libremente al club, sino que estuvo direccionado a la compra de esa unidad específica. “No es que se le dieron al club 290 millones de pesos para comprar un colectivo, se le dio ese dinero para adquirir esa unidad en especial”, indicó.
Impacto político y judicial
El fiscal consideró que la declaración del ex gobernador tuvo un componente político, pero con consecuencias judiciales concretas.
“La declaración fue más política, pero con relación al colectivo se autoincriminó”, sostuvo.
Además, puso bajo análisis las condiciones en las que se concretó la operación: la compra se habría realizado a una empresa de transporte —y no a una concesionaria—, pocos días antes del cambio de gestión y con documentación que calificó como “muy rara”.
Finalmente, Berruezo subrayó que la eventual responsabilidad penal de Rodríguez Saá es independiente del resultado del juicio contra Ramírez, lo que abre un nuevo frente judicial en una causa que ya tiene alto impacto institucional en la provincia.
