Este martes, la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, se reunieron con representantes de otras catorce provincias demandantes para recuperar los fondos de la copartipación tras una medida que las beneficia, dictada el 1º de octubre por la Corte Suprema de Justicia. “Pediremos a la Corte que intime al Estado nacional a cumplir con la orden judicial de transferir los recursos que le pertenecen a las provincias, bajo apercibimiento de que si esto no se cumple, se giren las actuaciones a la justicia penal, porque habría incumplimiento en los deberes de los funcionarios públicos nacionales”, adelantaron.
El martes pasado el fallo de la Corte Suprema dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Antártida e Islas del Atlántico Sur.
“Estuvimos reunidos el foro de fiscales del Estado formado por las 15 provincias que iniciamos este juicio, y los ministros de Economía que hicieron un aporte muy importante en esta reunión porque nos dieron las bases, el conocimiento técnico, para ver cómo los decretos del Poder Ejecutivo afectan a la coparticipación provincial”, explicó el fiscal de Estado, Eduardo Allende.
“Se ha presentado el Estado nacional días atrás en la Corte, diciendo que no puede cumplir con la medida cautelar porque no se ha expresado supuestamente la forma en que esto se hace”, dijo el fiscal de Estado.
“Los ministros nos han dado un colaboración sumamente importante a los fiscales de Estado porque nos han demostrado que la AFIP conoce exactamente el costo fiscal de estas medidas, es más, acaban de presentar esta mañana un informe en el Congreso nacional, en la oficina de Presupuesto Público, donde se dice que el impacto para los provincias será de 46 mil millones de pesos, es decir que hay una base para cumplir con esta medida cautelar”, detalló tras el encuentro.
“Hemos llegado a la conclusión con los demás fiscales que es una mera maniobra dilatoria del Estado nacional para no cumplir con la orden de la Corte Suprema. Y hemos tomado la decisión de presentar quince escritos, donde pediremos a la Corte que intime al Estado nacional a cumplir con la orden judicial de transferir los recursos que le pertenecen a las provincias, bajo apercibimiento de que si esto no se cumple, se giren las actuaciones a la Justicia Penal, porque habría incumplimiento en los deberes de los funcionarios públicos nacionales”, adelantó.
Mediante los decretos 561/19 y 567/19, medidas post-PASO, el presidente Macri estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y dispuso una modificación en el alcance del Impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios. Estas iniciativas fueron cuestionadas por 15 provincias, ya que para implementarlas se afectan la coparticipación y los fundamentos de la Constitución Nacional.
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