El Gobierno de San Luis anunció que en 2026 realizará 5.800 narcotest a funcionarios y agentes estatales, ampliando el alcance del programa a fuerzas de seguridad y personal de la salud pública. Los análisis estarán a cargo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y se efectuarán a razón de 200 estudios por semana.
La medida, impulsada por la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, busca extender los controles a un universo de 12.200 personas, de las cuales serán seleccionadas 5.800 mediante sorteo.
Alcance del programa y población alcanzada
El secretario Ricardo Bazla precisó que el esquema incluye a integrantes de los tres poderes del Estado:
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En el Legislativo: senadores, diputados y autoridades de ambas cámaras.
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En el Judicial: magistrados, fiscales y funcionarios con cargos de responsabilidad.
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En el Ejecutivo: toda su estructura, incluidos entes descentralizados (unas 1.800 personas).
A este grupo se suman:
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2.000 agentes penitenciarios y cadetes, incluidos los del Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”.
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2.000 trabajadores de la salud pública, con excepción del personal administrativo.
El sorteo será semanal y estará a cargo de la Caja Social.
Dónde se realizarán los análisis
Los narcotest se efectuarán en cuatro sedes:
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En la ciudad de San Luis, en el laboratorio de la UNSL (Rivadavia 1359) y en el Hospital Pediátrico (Héroes de Malvinas 110).
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En Villa Mercedes, en dos laboratorios del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” (Maipú 450).
El costo del análisis para funcionarios públicos será de $27.500, mientras que en el caso del personal de seguridad y salud será afrontado por el Estado provincial.
Bazla explicó que el funcionario debe demostrar su idoneidad, al igual que cuando presenta certificados de libre deuda o constancias de no figurar en registros de deudores alimentarios.
Cómo funciona el procedimiento
El sistema garantiza anonimato y trazabilidad. Cada persona seleccionada recibe un token numérico y completa una declaración jurada sobre consumo de medicamentos bajo prescripción médica.
El decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, Sebastián Andújar, detalló que la muestra se identifica mediante un código QR y se divide en dos frascos: uno para análisis y otro como contramuestra.
El protocolo contempla la detección de diez sustancias, entre ellas drogas ilegales como cocaína y heroína, y medicamentos de uso legal susceptibles de abuso, como el clonazepam.
Las técnicas empleadas siguen estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), rastreando tanto principios activos como metabolitos.
Qué ocurre ante un resultado positivo
Si el resultado es positivo, la persona puede solicitar el análisis de la contramuestra, que se envía a la Universidad de Buenos Aires (UBA). El costo es de $141.000 y debe abonarlo el interesado.
Confirmado el positivo, el caso se deriva al Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), donde se evalúa la modalidad de consumo y se define una estrategia terapéutica.
Si el funcionario rechaza el tratamiento y el nivel de toxicidad es elevado, se activa el régimen sancionatorio:
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En el Ejecutivo, el gobernador puede dictar el cese de funciones.
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En el Legislativo, se inicia un juicio político.
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En el Judicial, interviene el Jurado de Enjuiciamiento.
Para consumos circunstanciales, las sanciones pueden incluir suspensiones temporarias o afectación de haberes.
En el caso de policías y personal sanitario, el narcotest pasa a ser requisito de admisibilidad y permanencia.
Balance 2025 y antecedentes
Durante 2025 se realizaron alrededor de 1.700 análisis, con 48 resultados positivos: ocho por sustancias ilegales y 40 por legales bajo prescripción médica.
Solo se solicitaron seis confirmatorios. En dos casos, el resultado final no coincidió con el test presuntivo, lo que fue considerado margen de error metodológico. En esas situaciones no se cobró el análisis confirmatorio.
Desde el Gobierno aclararon que no se difunden identidades de las personas sometidas a los controles.
San Luis se posiciona así como una de las primeras provincias en implementar un esquema sistemático de narcotest en el ámbito estatal, ampliándolo ahora a sectores sensibles como seguridad y salud.
