El Gobierno nacional oficializó un cambio en la gestión de la infraestructura vial al delegar en nueve provincias la facultad de concesionar tramos de rutas nacionales mediante el sistema de peajes. La medida apunta a descentralizar funciones operativas y acelerar obras de mantenimiento y mejora.
La disposición fue establecida a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, y establece que las provincias podrán gestionar, licitar y supervisar contratos de obra pública vinculados a corredores viales que atraviesan sus territorios.
Las jurisdicciones alcanzadas por esta normativa son San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Cada una podrá avanzar en acuerdos específicos para la administración de rutas, incluyendo la posibilidad de otorgar concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos, financiadas mediante el cobro de peajes.
Delegación con límites y control nacional
El decreto aclara que la delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
Además, se establece un plazo máximo para las concesiones: los contratos no podrán superar los 30 años desde su aprobación.
Para avanzar en la implementación, cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos específicos y los planes de obra correspondientes.
Condiciones y plazos para las provincias
El esquema exige que las provincias respeten criterios de transparencia, concurrencia, publicidad y razonabilidad tarifaria, además de garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos.
En paralelo, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de las concesiones.
Un punto clave del decreto es que, si una provincia no llama a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación sobre ese tramo vial quedará sin efecto.
Contexto: búsqueda de eficiencia en la red vial
La medida se enmarca en una política de descentralización de la gestión pública, con el objetivo de agilizar obras y mejorar el estado de las rutas nacionales, muchas de las cuales presentan deterioro o requieren inversiones sostenidas.
Para provincias como San Luis, la posibilidad de gestionar directamente estos corredores abre un escenario de mayor autonomía en materia de infraestructura, aunque también implica el desafío de definir esquemas de financiamiento y control que impactarán directamente en los usuarios a través del sistema de peajes.
