El conflicto entre taxistas y la aplicación Uber en Villa Mercedes abrió un debate que excede lo comercial. La discusión jurídica gira en torno a la potestad municipal para regular el transporte urbano y a las responsabilidades que surgen ante accidentes, delitos, cobertura de seguros y vínculo laboral de los conductores.

Mientras el sector tradicional reclama prohibición, el eje institucional se concentra en determinar qué marco normativo aplica y qué escenarios judiciales podrían activarse en la provincia de San Luis.

Responsabilidad civil ante accidentes: conductor, titular y posible debate sobre la plataforma

Según el Código Civil y Comercial de la Nación, el dueño o guardián de una cosa riesgosa —como un vehículo— responde objetivamente por los daños que cause.

En caso de un siniestro vial con un conductor que presta servicio mediante plataforma digital, la responsabilidad primaria recae sobre:

• El conductor

• El titular registral del vehículo

• La aseguradora

“De acuerdo con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, quien conduce un vehículo responde por los daños ocasionados, independientemente del medio a través del cual haya sido contratado el viaje.”

La discusión podría ampliarse si se intenta atribuir responsabilidad solidaria a la plataforma, algo que en Argentina se analiza caso por caso y no cuenta con regulación específica.

Responsabilidad penal: principio de responsabilidad personal

En materia penal, el Código Penal de la Nación Argentina establece que la responsabilidad es individual.

Ante un hecho como lesiones culposas o homicidio culposo en accidente vial, la imputación recae sobre la persona física que conduce.

“En el ámbito penal, la responsabilidad es estrictamente personal y no se traslada automáticamente a la plataforma digital, salvo que se demuestre participación directa en el hecho.”

Seguros: uno de los puntos más sensibles

El debate más técnico surge en materia de cobertura.

La Superintendencia de Seguros de la Nación exige que los vehículos afectados al transporte oneroso cuenten con cobertura acorde a la actividad.

Si un conductor utiliza un seguro de uso particular para realizar transporte comercial, podría existir controversia en caso de siniestro.

“Las pólizas de seguro distinguen entre uso particular y uso comercial del vehículo; en caso de siniestro, la cobertura depende de la declaración del riesgo.”

Régimen laboral: ¿independientes o relación de dependencia?

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 regula la relación laboral tradicional, pero no existe en Argentina una ley específica para plataformas digitales.

Uber encuadra a sus conductores como socios independientes. Sin embargo, en distintos puntos del país se presentaron demandas para que se reconozca vínculo laboral.

“La determinación de relación de dependencia depende del análisis judicial sobre subordinación, dependencia económica y control efectivo de la actividad.”

⚖️ Posibles escenarios judiciales en San Luis

Si el Municipio de Villa Mercedes decidiera prohibir la actividad mediante ordenanza, podrían abrirse distintos caminos judiciales:

1️⃣ Acción de inconstitucionalidad

La empresa o conductores podrían cuestionar la ordenanza por afectar la libertad de comercio.

2️⃣ Medidas cautelares

Se podría solicitar la suspensión de la prohibición hasta que se resuelva el fondo del asunto.

3️⃣ Reclamos laborales individuales

Conductores podrían iniciar demandas buscando reconocimiento de relación laboral.

4️⃣ Litigios por siniestros

Ante un accidente grave, la Justicia provincial podría analizar responsabilidad solidaria ampliada.

5️⃣ Conflictos administrativos

Multas o retenciones de vehículos podrían derivar en apelaciones ante tribunales provinciales.

El rol institucional del Municipio

El transporte urbano es materia local. El Municipio puede:

• Regular requisitos

• Exigir habilitación

• Establecer controles

• Aplicar sanciones

Pero no puede impedir el acceso digital a la aplicación.

La decisión política será determinar si adopta un modelo de prohibición o regulación.

Clave para el debate público

El conflicto no es tecnológico sino normativo.
La discusión de fondo involucra:

• Seguridad jurídica

• Igualdad ante la ley

• Protección del usuario

• Adaptación del sistema regulatorio a la economía digital

La resolución dependerá del Concejo Deliberante y, eventualmente, de la Justicia provincial.