Un decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario fue declarado inconstitucional por la Justicia, que ordenó al Gobierno cumplir con la normativa aprobada por el Congreso.
La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick. El magistrado hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y dispuso el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
Qué cuestionó la Justicia
El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la ley mediante un veto. Sin embargo, el Congreso rechazó esa medida y sostuvo la normativa. Luego, el Poder Ejecutivo emitió el decreto que condicionaba la ejecución del financiamiento a la determinación de fuentes específicas y a la incorporación de las partidas correspondientes en el presupuesto general.
Universidades nacionales y el CIN recurrieron a la Justicia para reclamar el cumplimiento de los principales puntos de la ley, entre ellos el otorgamiento de partidas para el funcionamiento de las instituciones y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”, porque permitía suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso con las mayorías agravadas previstas por la Constitución Nacional.
Además, el juez consideró que, ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, la medida del Gobierno “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” y configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El impacto presupuestario de la ley
El magistrado también señaló que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario no constituye una intromisión extraordinaria, sino una consecuencia de la posibilidad de revisar judicialmente los actos del Estado.
En el fallo, puso en duda la magnitud del costo fiscal de la ley. Indicó que durante 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto y que se prorrogaron las partidas aprobadas para 2023.
Según el análisis citado de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la normativa durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Con información de: noticiasargentinas.com
