Policiales

Un tribunal ordenó la reautopsia al cuerpo de Magalí Morales

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Florencia Magalí Morales

Hubo, días atrás, una novedad importante en el expediente para esclarecer en qué circunstancias murió Florencia Magalí Morales en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara el domingo 5 de abril. La Cámara del Crimen de Concarán dispuso que se haga la reautopsia —una medida que los abogados de la familia de la mujer de 39 años habían solicitado— e insta a que el juez Penal, Correccional y Contravencional de Santa Rosa, Jorge Pinto, arbitre las medidas necesarias para que el estudio se haga de forma urgente y las gestiones para que este importe el menor costo posible para los parientes.

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Los abogados que representan a la familia Morales —son Federico Putelli y Santiago Calderón Salomón—, pidieron que se habilitara la feria judicial para dar continuidad al proceso, con el fundamento de que, con el paso de los días, avanza también la descomposición del cuerpo (el objeto del análisis pretendido), perjudicando la posibilidad de descubrir en él eventuales indicios.

Al habilitarse la feria, continuaron corriendo los términos. Pero restaba que la jueza Sandra Piguillem emitiera su voto, y lo hizo el pasado jueves 16. Junto a su par, Juan Manuel Sosa, estuvo de acuerdo en que la reautopsia debe hacerse de forma urgente. Pero no les dieron la razón de forma plena a los abogados Putelli y Calderón Salomón en cuanto a que el Poder Judicial debe correr con todos los gastos del estudio.

“Existe la Ley 27.372, que es de protección y asistencia a la víctima, y reglamenta que el Estado debe hacerse cargo de las medidas de prueba que satisfagan los derechos de la víctima. Pero la misma ley establece que esto es cuando ella no tenga medios para solventarlas. En este caso particular, la familia no tiene medios. También es verdad que el Estado ya proveyó la autopsia, y si la víctima no está acuerdo, debe hacerse cargo de la costa (del nuevo estudio). Pero entendimos que, dadas las circunstancias del caso, el Poder Judicial tiene que allanar los medios y aligerarle los costos a la familia. Por ello, le ordenamos al juez Pinto que arbitre los medios para que los costos sean mínimos” para los parientes, resumió Piguillem.

La reautopsia será realizada por médicos forenses del Poder Judicial de San Luis. Según explicó Calderón Salomón, la realizarían los tres profesiones de Tribunales que ya brindaron, con anterioridad, los puntos de pericia. En la reautopsia no intervendrá Gustavo Lafourcade Durán, que es el médico forense cuya tarea ha sido cuestionada por la familia Morales y los abogados que los representan.

Los letrados han propuesto que intervengan dos peritos de partes. Una es la médica legista Vanina Elizondo, quien ya fue incorporada al expediente. El otro, Moisés David Dib, médico especialista en Medicina Legal, jefe del Instituto de Medicina Forense de la Provincia de Córdoba. Según ha referido, no cobrará honorarios.

Dado que Dib reside en la vecina provincia, en un escrito que presentaron al magistrado, los abogados piden que le requiera al Comité de Crisis determinar el protocolo necesario para el ingreso del médico a San Luis, cumpliendo todas las disposiciones sanitarias.

La decisión tomada por la Cámara de hacer lugar a la reautopsia implica que de forma inmediata, el juez debe empezar a hacer las tramitaciones para la exhumación del cuerpo (que está en Santa Rosa) y el traslado a la morgue, garantizando en todo momento la cadena de custodia.

Para todos los pasos que vienen hay que notificar a la parte damnificada, para que pueda controlar los procesos desde el inicio. Es una diligencia compleja, que implica hacer oficios, exhortos de traslado y paso de circulación, más aún si se toma en cuenta el contexto en el que se da, donde hay medidas preventivas para prevenir la pandemia.

“Hemos tenido contacto con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y se comprometieron, al menos de palabra, a costear o ayudar en lo económico. Para facilitarle la tarea al juez, que ahora tiene que hacer requerimientos a organismos provinciales o municipales, le comunicamos que ya tuvimos comunicación (con la secretaría) y le pedimos que haga los oficios, que se haga formal (el pedido para costear). Al respecto de lo que pedimos, el juez tiene que resolver si permite la incorporación del perito (Dib), la autorización para ingresar, ver la fecha de la pericia y la continuación de la causa en general”, indicó Calderón Salomón.

 

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