VILLA MERCEDES. La Justicia Federal condenó a Héctor “El Oso” Frías a 7 años de prisión por su participación en el tráfico y comercialización de estupefacientes en la ciudad. El hombre operaba como uno de los principales revendedores de la organización vinculada a Diego “El Gaucho” Funes, un referente del narcotráfico local actualmente detenido.
La investigación también determinó que Frías utilizaba a una menor de edad para distribuir droga, a quien además le suministraba estupefacientes aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y adicción, en un contexto de extrema explotación.
Un centro de venta de drogas en el barrio Eva Perón
El caso comenzó a profundizarse cuando la Policía de San Luis allanó la vivienda de Frías en el barrio Eva Perón II de Villa Mercedes, en el marco de una causa vinculada a armas. Durante el procedimiento lo encontraron en la cama con una menor de edad.
En la casa funcionaba un punto de venta y distribución de drogas, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal. Según la investigación, el condenado utilizaba a la adolescente como “delivery” para repartir cocaína y marihuana, trasladando la droga en moto hacia distintos puntos del barrio.
Además, los investigadores determinaron que el acusado le entregaba narcóticos a la menor a cambio de mantener relaciones sexuales, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.
Juicio abreviado y reconocimiento de los hechos
En octubre del año pasado, el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, aceptó un acuerdo parcial que permitió avanzar hacia un juicio abreviado. Para acceder a ese mecanismo, Frías debió reconocer los hechos, la calificación legal y las pruebas reunidas en su contra.
En esa resolución también se dispuso la destrucción de la droga secuestrada y que los 3 millones de pesos incautados durante el procedimiento fueran entregados a la menor como reparación económica.
La condena del Tribunal Oral Federal
Finalmente, el 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y María Paula Marisi, condenó a Frías a 7 años de prisión, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, representado por María Gloria André y Carolina Orieta.
La condena fue por los delitos de:
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Tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas
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Utilización de un menor de edad para la distribución de drogas
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Suministro de estupefacientes a título oneroso
Además, el tribunal declaró su reincidencia, ya que en septiembre de 2022 había sido condenado también por comercializar drogas. En la sentencia se mantuvo la reparación económica para la menor y se impuso una multa de 100 unidades fijas.
La estructura de venta y su vínculo con la banda de “El Gaucho” Funes
Frías integraba una pequeña organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana junto a sus hijastros Fabián Porras y Brisa de los Ángeles Porras, quienes ya fueron condenados a 6 años de prisión.
Los investigadores establecieron que los puntos de venta funcionaban en:
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Pasaje 5, casa Nº 10 del barrio Eva Perón II, domicilio de Frías
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La vivienda de los Porras, ubicada sobre calle Ministro Berrondo, junto a la Escuela Nº 6 “Luis Roberto Barroso”
Posteriormente se confirmó que Frías era revendedor directo de Diego “El Gaucho” Funes, líder de una organización criminal mayor que operaba en Villa Mercedes.
De acuerdo con la causa judicial, el condenado realizó transferencias por alrededor de 58 millones de pesos a Katherina Elvira Villega, esposa de Funes y considerada parte de la segunda línea de la organización.
Una red territorial en los barrios Eva Perón
La investigación reveló que la estructura liderada por Funes mantenía fuerte presencia territorial en los barrios Eva Perón I y II, lo que le permitía recibir alertas tempranas ante operativos policiales o judiciales.
Los revendedores y distribuidores funcionaban además como una capa de protección para el líder de la banda, permitiendo que la droga se comercializara rápidamente sin que él debiera conservarla durante mucho tiempo.
Incluso, según consta en la causa, los allanamientos y detenciones en los puntos de venta no lograron frenar el funcionamiento de la organización, que continuó operando mientras avanzaba la investigación judicial.
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