La Justicia de Villa Mercedes confirmó la imputación y la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de haber estafado a 20 familias mediante la venta de terrenos municipales que no le pertenecían.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Impugnación, que rechazó el recurso presentado por la defensa de la acusada. El abogado Damián Bueno había cuestionado tanto la formulación de cargos como la medida de coerción, al considerar que el conflicto debía resolverse en el ámbito civil y no penal.
La mujer permanece detenida desde el pasado 20 de marzo, cuando fue imputada por presuntas estafas reiteradas en concurso real, en un total de 20 hechos vinculados a lotes ubicados en el barrio “Familia Unida”.
Según la investigación, los terrenos eran propiedad de la Municipalidad de Villa Mercedes y habían sido cedidos por la actual gestión al Gobierno de San Luis para el desarrollo de viviendas.
La defensa sostuvo que la conducta atribuida a Escudero “carece de tipicidad delictiva” y planteó que se trataba de una controversia relacionada con cesión de derechos posesorios. También calificó la prisión preventiva como “desproporcionada e innecesaria”.
Sin embargo, los jueces María Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera consideraron insuficientes los argumentos defensivos y señalaron que no se aportaron elementos concretos que permitieran reducir la causa a un simple conflicto civil.
En los fundamentos del fallo, el Tribunal ratificó la decisión de la jueza Natalia Pereyra Cardini, quien había formulado cargos para avanzar con la investigación y eventualmente llegar a juicio oral.
“En la faz penal nos toca investigar delitos”, había expresado la magistrada durante la audiencia en la que ordenó el traslado de la acusada al Servicio Penitenciario Provincial.
La jueza también fundamentó la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Además, sostuvo que había dudas sobre el domicilio real de la imputada y remarcó que otras personas también están siendo investigadas en la causa.
Entre los argumentos expuestos, Pereyra Cardini señaló además una supuesta falta de arraigo, debido a la ausencia de un trabajo estable y de vínculos familiares comprobables.
“Veo el ardid, la estafa y el engaño. Hay evidencias que deben ser resguardadas. Cedió derechos que no tenía”, sostuvo la magistrada.
No es la primera vez que el Tribunal interviene en el expediente. Días atrás también había rechazado un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que argumentaba problemas de salud de la acusada.
En esa oportunidad, los magistrados consideraron insuficiente la documentación médica presentada y concluyeron que el cuadro de salud —un macroadenoma de hipófisis presuntamente benigno— no requería una intervención urgente ni justificaba el cese de la prisión preventiva.
Además, indicaron que la mujer puede continuar con tratamiento médico dentro del sistema penitenciario, con seguimiento y medicación correspondiente.
