El juez Federal Juan Carlos Nacul, a cargo del Juzgado Federal de Villa Mercedes, resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por el abogado Emmanuel Correa Otazú, quien se encuentra con prisión preventiva desde septiembre del año pasado en una causa por comercio de estupefacientes agravado.
El letrado, detenido tras una serie de allanamientos antidroga realizados en la ciudad, solicitó cumplir la medida en una vivienda ubicada en calle Fuerte Constitucional, argumentando problemas de salud mental.
El planteo por derecho propio
Correa Otazú presentó el pedido por derecho propio —en virtud de su matrícula federal— ante la “imposibilidad de comunicarse con su defensor técnico”. Basó su solicitud en un informe del médico psiquiatra particular Juan José Masramón, quien recomendó un “abordaje terapéutico específico, continuo y supervisado”, que —según sostuvo el imputado— no podría garantizarse dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
En ese marco, informó que fue admitido en la clínica especializada “Las Vertientes”, donde pretendía continuar el tratamiento bajo un régimen compatible con prisión domiciliaria. Además, manifestó su voluntad de someterse a controles y dispositivos electrónicos de supervisión.
El informe del Servicio Penitenciario
El Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención del defensor Orlando Mariani, quien ratificó formalmente el planteo.
Sin embargo, el 9 de febrero se incorporó al expediente un informe de la División Sanidad Central del SPP, firmado por la psiquiatra María Luciana Ojeda, donde se consignó que el acusado se encuentra “vigil, lúcido y orientado en tiempo y espacio”, con ritmo biológico conservado.
El documento también indicó que actualmente no se encuentra bajo la medicación prescripta porque el propio imputado decidió suspenderla voluntariamente. Como diagnóstico se consignaron “trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas”.
Los fundamentos del rechazo
En su resolución, Nacul sostuvo que subsisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva, especialmente ante la gravedad del delito imputado y la expectativa de pena.
“Es posible suponer que los imputados no se someterán al procedimiento y podrán darse a la fuga”, argumentó el magistrado, al tiempo que remarcó que la investigación se encuentra en etapa inicial.
Entre las medidas pendientes mencionó pericias sobre estupefacientes y teléfonos celulares, además de declaraciones testimoniales. En ese contexto, consideró que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es alto.
Asimismo, valoró el informe médico penitenciario y concluyó que el estado de salud del imputado puede ser tratado y controlado dentro del penal, sin que exista evidencia de que su evolución sería más favorable fuera del establecimiento.
La causa
Correa Otazú fue procesado junto a otras dos personas en septiembre pasado por comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas. La causa se originó tras allanamientos en viviendas de Villa Mercedes, donde se secuestró cocaína y dinero en efectivo en distintas monedas extranjeras.
Con esta decisión, el abogado continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.
