La Justicia de San Luis imputó formalmente a Mayte Reyna del Portugal Escudero por el delito de estafa (15 hechos en concurso real) en el marco de la investigación por la presunta venta ilegal de terrenos en la zona del barrio Familia Unida, en Villa Mercedes.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Dra. Natalia Pereyra Cardini, con la intervención como secretario del Dr. Ignacio Esquerre Delaunay.
Por el Ministerio Público Fiscal (MPF) participaron los fiscales Dr. Leandro Estrada y Dr. Alexis Chavero, mientras que la Querella —en representación de la Municipalidad de Villa Mercedes— estuvo integrada por los Dres. Lucio Agustín Pereira y Gabriela Escudero Ricarte.
La defensa de la imputada estuvo a cargo de los Dres. Damián Bueno y Carlos Díaz.
La magistrada resolvió admitir la formulación de cargos por estafa y conceder una prórroga de detención, por lo que Reyna del Portugal Escudero continuará detenida hasta el próximo viernes 20 de marzo, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para definir su situación procesal.
La acusación: cesión de terrenos que no le pertenecían
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que la imputada habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios de terrenos que no le pertenecían, incluso con certificación de firmas ante una escribana, pese a no poder acreditar la posesión de esas tierras.
Según la Fiscalía, se trata de una defraudación millonaria, ya que los lotes se ofrecían a distintos valores y, en muchos casos, las familias accedían mediante planes de pago en cuotas.
Los terrenos se encuentran en la zona del barrio Familia Unida, un sector que comprende alrededor de 16 manzanas que, tras procedimientos administrativos, fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y posteriormente cedidas al Gobierno de San Luis, organismo que es el único habilitado para escriturar y ejecutar proyectos de viviendas en ese lugar.
Posible participación de más personas
El fiscal Leandro Estrada sostuvo que el presunto mecanismo defraudatorio se basó en la cesión de derechos posesorios que la imputada no puede acreditar, además de advertir la posible participación de otras personas en la instrumentación de acuerdos que habrían perjudicado a vecinos en situación de vulnerabilidad.
También mencionó que algunos trámites civiles vinculados al caso podrían encontrarse al borde de una estafa procesal, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.
La Fiscalía adelantó que la investigación continúa y no se descarta la existencia de otros partícipes, así como la posible configuración de otros delitos como asociación ilícita y estafa procesal.
Más de 50 familias podrían haber sido afectadas
La Querella, que representa a la Municipalidad de Villa Mercedes, indicó que el conflicto comenzó a detectarse en junio de 2025, cuando vecinos presentaron documentación vinculada a cesiones de derechos para realizar trámites de servicios.
En ese contexto, se advirtió que los terrenos ya pertenecían al municipio, lo que derivó en la denuncia penal.
Según lo expuesto durante la audiencia, al menos 54 familias podrían haber resultado damnificadas por la presunta comercialización irregular de lotes.
Medidas solicitadas por la Fiscalía
Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, se requirió:
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la restitución de los terrenos al Estado
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el desalojo de quienes hayan iniciado actos de posesión
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la prohibición de innovar sobre los lotes
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la autorización para continuar con la ejecución de obras de viviendas en el sector
Las autoridades aclararon que se respetarán las construcciones que ya se encuentren realizadas.
Asimismo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 90 días para preservar la investigación, fundamentando el pedido en riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la prueba, falta de claridad sobre el domicilio de la imputada y la magnitud del perjuicio económico.
También se pidió la inhibición de bienes de la acusada.
Qué es la audiencia de formulación de cargos
La audiencia de formulación de cargos es el acto procesal mediante el cual el Ministerio Público Fiscal formaliza el inicio de la investigación penal preparatoria, informando al imputado los hechos que se le atribuyen y la calificación penal provisoria.
En esta etapa del proceso, la Justicia busca determinar la existencia del delito y la posible responsabilidad de los involucrados, mientras se reúnen pruebas para avanzar en la causa.
