Foto internet a modo ilustrativo
Un estudiante de Villa Mercedes perdió el beneficio de las Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro luego de protagonizar un grave episodio de violencia dentro de una institución educativa, donde llevó un arma blanca y amenazó a compañeros y autoridades.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Educación de San Luis, en el marco de la reciente actualización de la Ley N° VIII-0752-2011, que ahora condiciona el acceso y permanencia en el programa al cumplimiento de normas de convivencia dentro del ámbito escolar.
Según se informó oficialmente, el hecho activó la intervención de las áreas correspondientes y derivó en la quita del estímulo económico como sanción directa ante la conducta del alumno.
Cambios en la normativa y sanciones más estrictas
La modificación de la ley incorpora criterios más rigurosos vinculados al comportamiento estudiantil. En particular, se sumó el inciso “h”, que establece la obligación de acreditar una conducta basada en el respeto y la convivencia.
De acuerdo con la normativa vigente, los estudiantes no deben incurrir en situaciones de bullying, amenazas, acoso, extorsión ni ningún tipo de violencia, ya sea física, verbal, psicológica o a través de redes sociales. Estas pautas también se extienden al trato con docentes, directivos y personal escolar.
En caso de incumplimiento, la reglamentación dispone la quita parcial o total de las estampillas del año en curso. Además, si se registran tres reincidencias, se puede avanzar con la pérdida total de los beneficios acumulados.
Prevención y seguimiento de otros casos
Desde la cartera educativa indicaron que, además de la sanción, se pusieron a disposición herramientas de acompañamiento y capacitación a través del equipo profesional de la Subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de prevenir y contener situaciones de violencia en las instituciones.
Asimismo, confirmaron que continúan analizando otros episodios vinculados a peleas, agresiones físicas y conductas inapropiadas en redes sociales, en el marco de una política orientada a garantizar entornos escolares seguros en toda la provincia.
La actualización de la normativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de San Luis para reforzar la convivencia en las escuelas y vincular los incentivos económicos al cumplimiento de reglas básicas de respeto.
