La jueza Lorena Báez, titular del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N.º 3, resolvió que un padre deberá abonar una cuota alimentaria equivalente a ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) para la manutención de sus hijos.
La decisión busca garantizar la cobertura integral de necesidades como alimentación, vestimenta, salud, educación, esparcimiento y vivienda, considerando el nivel de vida que mantenían los menores.
La resolución judicial se conoció tras un proceso iniciado en 2022, en el que la madre reclamó una actualización de la cuota alimentaria que consideraba insuficiente.
La investigación sobre los ingresos del padre
En diálogo con Villa Mercedes Info, la abogada de la parte demandante, Dra. Mikaela Eguinoa, explicó que cuando tomaron intervención en 2024 el padre ofrecía una cuota alimentaria de aproximadamente $160.000 mensuales.
El demandado sostenía que sus ingresos rondaban los $500.000 por mes y que era monotributista categoría A, el nivel más bajo dentro del régimen.
Sin embargo, la defensa de la madre solicitó una serie de medidas judiciales para determinar la verdadera capacidad económica del progenitor.
Entre ellas se incluyeron más de 20 oficios dirigidos a organismos públicos, empresas, entidades financieras, tarjetas de crédito y Migraciones.
Viajes al exterior y gastos incompatibles con los ingresos declarados
Según detalló la abogada, las respuestas de los organismos permitieron detectar movimientos económicos incompatibles con los ingresos declarados.
Entre los datos surgidos en el expediente se identificaron:
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Viajes internacionales en varias oportunidades durante un mismo año
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Alquiler de vehículos en el extranjero
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Gastos elevados en seguros y mantenimiento de vehículos
Estos elementos fueron considerados por la magistrada al momento de evaluar la situación económica real del demandado.
El principio de las cargas probatorias dinámicas
En su resolución, la jueza aplicó el principio de las cargas probatorias dinámicas, una herramienta jurídica que establece que quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar determinados hechos debe hacerlo.
En este caso, la magistrada entendió que el padre no aportó información suficiente sobre sus ingresos, por lo que utilizó el principio de la realidad económica para determinar el monto de la cuota alimentaria.
Además, en el expediente se analizó la situación de la madre, quien —según explicó la defensa— había debido afrontar prácticamente sola los gastos de crianza, lo que fue considerado como una posible situación de violencia económica.
Una cuota cercana a los $3 millones y un retroactivo millonario
El fallo establece que el padre deberá pagar mensualmente una suma equivalente a ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que actualmente representa cerca de $2.860.000 por mes.
A esto se suma el retroactivo desde noviembre de 2022, lo que genera una deuda acumulada que ronda los $210 millones.
La resolución busca recomponer el aporte económico que debía realizar el progenitor durante el tiempo que duró el proceso judicial.
Qué puede pasar si no cumple con la sentencia
Si el demandado no cumple con el pago establecido, la Justicia puede avanzar con medidas de ejecución civil para garantizar el cobro.
Además, el incumplimiento de una sentencia judicial podría derivar en una causa penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito contemplado en la legislación argentina.
Un posible precedente en San Luis
Para la abogada Mikaela Eguinoa, el fallo podría convertirse en un antecedente relevante para futuras causas de familia, especialmente cuando se trata de progenitores que trabajan de manera independiente y cuyos ingresos resultan difíciles de comprobar.
Según explicó, este criterio podría elevar los estándares en la fijación de cuotas alimentarias, tanto en San Luis como en otros tribunales del país.
