La directora de la Sala Penal dependiente de la Fiscalía de Estado, Jennifer Pérez Corvalán, confirmó que Cecilia Lucero, exministra del área de Vivienda durante la gestión de Claudio Poggi, está acusada por el delito de defraudación por administración fraudulenta y ha sido citada nuevamente debido a esta causa. La imputación contra Lucero es por haber alterado registros de inscripción a casas sociales para beneficiar a amigos y funcionarios.
Pérez Corvalán, quien emitió estas declaraciones en una entrevista realizada en Radio FM Lafinur, dijo que las autoridades judiciales han intentado en varias ocasiones notificar a la actual concejala de la localidad de Villa Mercedes por el bloque Unidos por San Luis, pero dijo que hasta ahora todos los intentos han sido fallidos.
“En el día de ayer (por el miércoles) nosotros solicitamos al juez que tiene la causa que se ordene una nueva notificación atento a que aproximadamente más de cuatro resultaron truncas porque en el domicilio que figura de la imputada no se puede lograr la notificación de un pedido a indagatoria del año 2021. Han habido más de cuatro llamados para que ella se presente a audiencia y no se la ha podido notificar en el domicilio que figura públicamente en Villa Mercedes. Por eso solicitamos una nueva medida a los efectos de poder lograr este paso y que concurra a la audiencia prevista para el 26 de mayo”, explicó.
Afirmó que junto a Lucero hay otras tres personas acusadas por este delito y dijo que a algunas tampoco se las ha podido notificar.
“El domicilio de Lucero existe, el problema es que no se puede dar con la persona. Entonces lo que hemos hecho es requerir una medida del juez a los efectos de que se la pueda notificar, porque eso garantiza también el derecho a la defensa. Solicitamos específicamente que se la notifique de otra manera, no la quiero adelantar para no frustrar cualquier medida que logre que se efectivice esta notificación”, indicó.
La directora detalló que el delito se enmarca en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal y estipula una pena mínima de un mes de prisión a seis años de máxima. “Es un delito importante y grave donde ha existido obviamente un abuso de confianza que ha sido depositado en un funcionario público encargado oportunamente de una administración. La perjudicada es la señora Cáceres, quien era adjudicataria de una vivienda y que furtivamente no lo fue. Ella estaba en el número 66 y resultó que en ese lugar estaba otra persona, que incluso era un funcionario”, contó Pérez Corvalán.
El próximo 26 de mayo será la audiencia indagatoria de los cuatro acusados a las 9 de la mañana. “Tenemos mucha esperanza de que se va a lograr justicia”, expresó la funcionaria de la Fiscalía de Estado.
Comments