El Ministerio de Economía de Argentina ha informado que aquellos asalariados cuya remuneración promedio durante el primer semestre del año no supere los $880.000 brutos estarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias. Esta medida beneficiará a medio millón de trabajadores en todo el país.
En virtud de esta decisión, aquellos empleados que no superen los $880.000 mensuales y cuyo aguinaldo no supere los $440.000 brutos también se verán favorecidos por esta medida. Sin embargo, el tributarista Sebastián Domínguez señaló que si un trabajador supera los $880.000 brutos de ingreso promedio mensual en el semestre, todo su aguinaldo quedará gravado. Esto significa que si un trabajador cobra, por ejemplo, $881.000, pagará impuestos incluso por los $440.000 correspondientes al aguinaldo.
El Ministerio de Economía calificó esta medida como un beneficio extraordinario y único para los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias. Su objetivo es permitir la recuperación del poder adquisitivo y fomentar el aumento del consumo y la actividad económica. Según el comunicado de prensa emitido por el Ministerio, esta medida beneficiará a 513.000 trabajadores en todo el país, lo que representa más del 50% de los trabajadores actualmente alcanzados por este impuesto.
De acuerdo con los cálculos oficiales, esta medida implica una mejora promedio en el bolsillo de cada empleado que supera los $110.000 ($112.600), lo que representa un aumento del 26% en el salario mensual promedio neto. En relación al aguinaldo, la retención del impuesto se calcula mensualmente, por lo que la medida propone devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en los meses de junio y julio.
El Ministerio de Economía aclaró que los empleadores deberán mostrar la devolución en un apartado separado del recibo de sueldo, identificando claramente el beneficio de esta medida.
En cuanto a la división por sectores, el alivio fiscal se extenderá a diversos ámbitos laborales. Entre ellos se encuentran 92.640 trabajadores de la industria manufacturera, 72.598 de la enseñanza, 56.059 de intermediación financiera y servicios de seguro, 43.570 de servicios de transporte y almacenamiento, 41.633 de información y comunicaciones, 33.682 de salud humana y servicios sociales, 29.110 de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores, 28.501 de exploración de minas y canteras, 19.669 de la construcción, 18.161 de servicios de asociaciones y servicios personales, 16.923 de suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 14.582 de policía y fuerzas de seguridad, 13.770 de servicios profesionales, científicos y técnicos, 12.552 de actividades administrativas y servicios de apoyo, 8.376 de suministros de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales, 4.515 de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 3.092 de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, 2.236 de servicios de alojamiento y de comida, 1.013 de servicios inmobiliarios, y 318 de servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Con esta medida, el Gobierno busca aliviar la carga impositiva para un amplio sector de la población asalariada y fomentar el crecimiento económico a través del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.
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