Durante una entrevista en VMI Radio 88.1 FM, los vecinos Joaquín y Mario Olguín expusieron su situación como compradores de terrenos comercializados por el abogado Daniel Vicente Cuesta, a quien responsabilizan por la falta de avances en la infraestructura prometida.
Según relataron, los lotes fueron adquiridos entre 2019 y 2020 bajo la modalidad de preventa, con contratos certificados ante escribano que establecían la provisión de servicios básicos como luz y agua en un plazo de nueve meses. Sin embargo, indicaron que ya transcurrieron más de seis años sin que se hayan concretado esas obras.
“Nosotros no cuestionamos la titularidad de los terrenos, sino el incumplimiento de lo pactado. Pagamos por un lote con servicios que nunca llegaron”, señalaron durante la entrevista .
Condiciones de vida y obras inconclusas
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Joaquín Olguín, quien aseguró haber construido su vivienda en el lugar pese a la falta de servicios, lo que implicó condiciones precarias.
El vecino indicó que debió abastecerse de agua mediante traslados y utilizar generadores eléctricos para avanzar con la obra. Además, afirmó que no pudo habitar la vivienda de manera permanente debido a la inseguridad y la falta de infraestructura.
Por su parte, Mario Olguín sostuvo que, aunque no llegó a construir, su situación contractual es similar: “Compré de contado con la promesa de servicios en nueve meses y eso nunca ocurrió”, expresó .
Reclamos, denuncias y situación judicial
Los vecinos señalaron que realizaron cartas documento, presentaciones judiciales y reclamos administrativos, aunque aseguran que no obtuvieron respuestas concretas ni avances en sus causas.
También indicaron que mantuvieron reuniones con autoridades municipales, donde se les habría informado que la provisión de servicios no depende de impedimentos administrativos, sino de la ejecución de obras por parte del desarrollador.
En ese sentido, remarcaron que la normativa vigente establece que los loteos deben contar con infraestructura básica, o al menos garantizar su ejecución en plazos razonables.
Conflicto en escalada y posibles medidas
Los damnificados adelantaron que mantendrán nuevas reuniones para definir acciones colectivas, que podrían incluir presentaciones judiciales más amplias y medidas de visibilización del conflicto.
Además, cuestionaron versiones que —según indicaron— fueron difundidas por el desarrollador en entrevistas recientes, y rechazaron acusaciones de conductas violentas durante los reclamos.
El caso suma tensión en torno a los desarrollos inmobiliarios en la ciudad y reabre el debate sobre los controles en la venta de terrenos en modalidad de preventa, un esquema habitual pero que requiere garantías para los compradores.
Nota relacionada:
