El conflicto por el financiamiento universitario volvió a escalar tras la quinta Marcha Federal Universitaria. El Gobierno descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores, mientras las universidades advirtieron que el ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo si no se resuelve la disputa.
La movilización se realizó este jueves en distintos puntos del país y reunió a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales, políticas y sindicales. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimaron la participación en un millón de personas.
La jornada terminó con incidentes frente al Congreso entre manifestantes encapuchados y efectivos de seguridad. Según la información difundida, hubo más de 30 detenidos y una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno descartó una mesa de diálogo
La Casa Rosada calificó la protesta de “política” y cuestionó la participación de sectores del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo. También criticó los disturbios registrados frente al Congreso.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió un video de los incidentes y afirmó: “Así los universitarios reclaman sus derechos”. El Gobierno, además, sostuvo que la marcha “no cambió nada” y que no existe actualmente una negociación con las autoridades universitarias.
El Ejecutivo también puso en duda la representatividad de la conducción del CIN, encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. En lugar de una mesa general, planteó trabajar con cada universidad y rector de manera individual.
En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán.
La discusión por el Presupuesto 2027
El Gobierno sostiene que cualquier negociación deberá darse en la Cámara de Diputados, donde comenzó a discutirse el Presupuesto 2027. El proyecto oficial asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y presentó su propia propuesta ante diputados y senadores.
Desde la Casa Rosada señalaron que los recursos son limitados y que el Presupuesto debe mantener el equilibrio o el superávit fiscal. El oficialismo busca avanzar con el respaldo de bloques aliados y gobernadores.
La advertencia de las universidades
Autoridades de la comunidad universitaria expresaron preocupación por la falta de respuestas y por la ausencia de interlocutores del Gobierno. Según una fuente citada en el informe, las universidades se encuentran en una “olla a presión” debido a la situación salarial, material y al estado de ánimo de la comunidad.
La misma fuente advirtió que, si el conflicto no se resuelve, podrían profundizarse las medidas de fuerza y que el próximo ciclo lectivo podría no comenzar con normalidad.
Las universidades consideran que una de las alternativas es incorporar la Ley de Financiamiento al Presupuesto. En ese ámbito estiman que serían necesarios $9,7 billones para cumplir con la norma, aunque también reconocen que el Poder Ejecutivo podría vetar ese capítulo.
La disputa judicial por la ley
El conflicto también se desarrolla en la Justicia. Tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, aunque no la ejecutó mientras se identificaban sus fuentes de financiamiento.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para aplicar los artículos 5 y 6, vinculados con la actualización de salarios y becas. La decisión fue ratificada por la Cámara.
El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema, que rechazó el recurso el 25 de junio por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. Luego, Cormick ordenó cumplir de inmediato toda la ley. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.
Mientras las universidades esperan definiciones por la vía judicial, parlamentaria o ejecutiva, las autoridades del sector advierten que 2027 podría ser un año de alta conflictividad en las casas de estudio de todo el país.
