El conflicto universitario continúa sin una resolución para el Gobierno, luego de la sanción y la insistencia parlamentaria de la Ley de Financiamiento para las casas de estudio. Según un análisis de Noticias Argentinas, la disputa profundizó las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y dejó al oficialismo ante nuevos cuestionamientos políticos y judiciales.
A fines de febrero, el ala política del oficialismo habría elaborado un proyecto de ley para la educación superior que contemplaba una recomposición salarial. De acuerdo con la información publicada por NA, algunos funcionarios del área educativa incluso habían acordado parte del texto con rectores universitarios.
La iniciativa incluía una condición central para el Gobierno: que las universidades retiraran la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la normativa que había sido ratificada por el Congreso.
Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que referentes parlamentarios de La Libertad Avanza decidieron “cajonear” el proyecto porque esperaban que la Justicia rechazara los reclamos de las instituciones universitarias. Ese pronóstico no se cumplió y el conflicto continúa, mientras el oficialismo apela los sucesivos fallos adversos.
La posición del Gobierno sobre el financiamiento
Después de la Marcha Federal Universitaria, que fue multitudinaria y terminó con represión a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, funcionarios libertarios defendieron la postura del Poder Ejecutivo.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó: “Todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos”.
El funcionario sostuvo que las leyes que asignan recursos por fuera del presupuesto deben identificar las partidas destinadas a cubrir esos gastos. En ese sentido, consideró que la norma sobre financiamiento universitario no cumplió con ese requisito y que correspondía promulgarla y suspender su aplicación en el mismo acto.
“Votaron una ley violando la ley de administración financiera”, señaló Álvarez, quien responsabilizó por el conflicto a los legisladores que respaldaron el proyecto.
El subsecretario también defendió la administración de los recursos destinados a las instituciones públicas y afirmó que el Ejecutivo utiliza únicamente el presupuesto aprobado por el Congreso. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un cambio de postura si el Poder Legislativo sanciona una modificación presupuestaria.
“Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, expresó.
El reclamo de los gobernadores
Según un dato informado por Noticias Argentinas, varios gobernadores, principalmente de la Unión Cívica Radical, pidieron a funcionarios del Ejecutivo nacional que busquen una salida al conflicto. También advirtieron sobre eventuales consecuencias electorales en sus distritos si las movilizaciones mantienen el nivel de convocatoria registrado.
Por el momento, el Gobierno no ofrece una alternativa concreta de corto plazo y mantiene su estrategia de apelar las decisiones judiciales vinculadas con el financiamiento de las universidades públicas.
