El Gobierno nacional impuso el secreto militar sobre la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, en un contexto de tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
La decisión fue establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La normativa limita el acceso a datos sobre el tipo de material, el costo y los proveedores involucrados.
Qué establece el secreto militar
La norma define como secreto militar a toda noticia, informe, material, proyecto, obra, hecho o asunto que, por razones vinculadas con la seguridad nacional y los medios de defensa, deba ser conocido únicamente por personas autorizadas.
El decreto sostiene que la Defensa Nacional tiene como objetivos garantizar la soberanía e independencia del país, preservar su integridad territorial y proteger la vida y la libertad de sus habitantes, de acuerdo con la Ley 23.554.
También cita la Ley 24.948, que establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa para evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para alcanzar los objetivos de la defensa.
Según la medida, Defensa identificó un proceso de adquisición cuya naturaleza, características y finalidad requieren que la información permanezca restringida. La divulgación, indica el texto, podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa.
Por ese motivo, las operaciones contractuales vinculadas con esas adquisiciones fueron declaradas secreto militar, en los términos del Decreto 9390/63. Los organismos contratantes quedaron exceptuados de las disposiciones sobre publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
El reclamo argentino por el proyecto petrolero Sea Lion
La decisión se conoció en la misma semana en que el Gobierno presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
De acuerdo con la presentación oficial, el pedido busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
El Gobierno indicó que el reclamo forma parte del procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
