El diputado Máximo Kirchner será juzgado desde este viernes junto con su madre, Cristina Kirchner, en el juicio unificado por los casos Hotesur y Los Sauces. La acusación fiscal sostiene que tuvo un rol activo en la administración de las empresas familiares y en operaciones vinculadas con empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López.
El debate comenzará el viernes 23 de octubre, luego de que la Cámara de Casación resolviera que ambos expedientes fueran tratados de manera conjunta. En total, 19 personas serán juzgadas por el tribunal, que deberá determinar si las operaciones investigadas formaron parte de un presunto mecanismo de lavado de dinero y cuál fue la responsabilidad de cada acusado.
Los cheques de Valle Mitre
Según la acusación, Máximo Kirchner representó a Los Sauces, suscribió contratos, realizó movimientos bancarios y retiró fondos. Un documento del expediente lo identifica como encargado de cobrar pagos provenientes de Valle Mitre, una firma vinculada a Lázaro Báez que participó del negocio hotelero de la familia Kirchner.
“Quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Valle Mitre fue Máximo Kirchner”, señala el escrito. La fiscalía sostiene que depositó más de 13 cheques, con importes de $68.209,50 y $45.497, en una cuenta del Banco Santa Cruz.
Uno de los documentos reproducidos en el expediente fue emitido en diciembre de 2011 por $68.209,50 a favor de Los Sauces S.A. En el reverso aparece un sello con el nombre de Máximo Kirchner y su condición de presidente de la sociedad, además de una firma. Para los fiscales, esos registros permiten reconstruir su intervención en la recepción del dinero.
La compra de propiedades en Madero Center
Otra parte de la documentación se refiere a la compra de un dúplex y cinco unidades complementarias en Madero Center, en Puerto Madero. De acuerdo con el escrito citado, Néstor Kirchner adquirió esos bienes el 8 de abril de 2008 “para y con dinero” de Los Sauces, por US$1.407.000.
El expediente atribuye a Máximo una intervención en el primer pago. Indica que el expresidente, “a través de su hijo Máximo Kirchner”, abonó a la vendedora US$422.000, equivalentes entonces a $1.341.960.
La operación se instrumentó mediante un cheque de la cuenta personal de Néstor Kirchner en el Banco Santa Cruz, fechado el 7 de abril de 2008. Según la reconstrucción judicial, Los Sauces lo endosó representada por Máximo, y la vendedora lo cobró el 15 de octubre de ese año.
El inmueble fue posteriormente alquilado a empresas de Cristóbal López. La fiscalía analiza esa relación comercial como parte del circuito de pagos entre los empresarios y las sociedades de la familia Kirchner.
El complejo habitacional atribuido a una empresa de Báez
La investigación también incluye una obra realizada sobre un terreno aportado por Néstor Kirchner. Un documento describe un complejo habitacional de cuatro departamentos que Lázaro Báez habría construido para Los Sauces.
El expediente incorpora una factura de la firma Loscalzo y Del Curto, vinculada al empresario. Según el informe pericial citado, el 30 de enero de 2009 la compañía facturó $1.478.158,62 a Los Sauces por la construcción.
La hipótesis de la fiscalía
La acusación sostiene que los alquileres y otros pagos realizados por empresas de Báez y del Grupo Indalo habrían sido utilizados para dar apariencia lícita a fondos de origen ilegal. Esa hipótesis deberá ser discutida y probada durante el juicio.
De acuerdo con la investigación, las empresas de Báez y del Grupo Indalo concentraron cerca del 88% de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016. Para los fiscales, esa concentración y el movimiento posterior de los fondos son elementos centrales para explicar el presunto mecanismo de lavado.
La fiscalía también atribuye a Máximo participación en la compra de uno de los establecimientos hoteleros de la familia. El tribunal deberá evaluar la documentación sobre inmuebles, obras, contratos de alquiler y movimientos bancarios.
El inicio del juicio
Cristina y Máximo Kirchner solicitaron no asistir presencialmente a las audiencias. El Tribunal Oral Federal 5 había dispuesto que el proceso se desarrollara de manera presencial, con reglas específicas para las declaraciones de los acusados y las jornadas destinadas a escuchar a los testigos.
La Justicia habilitó finalmente su participación virtual en la primera audiencia. El debate deberá establecer si las operaciones reconstruidas por la fiscalía integraron el mecanismo denunciado y determinar la responsabilidad penal de cada una de las personas acusadas.
