La Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, fue convocada para este miércoles a las 12:00. Durante el encuentro se espera la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes expondrán los principales alcances de la propuesta oficial.
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en la creación de un nuevo tipo especial de asociación ilícita para perseguir a las organizaciones de barrabravas, con un endurecimiento de las penas para quienes integren estos grupos.
Penas para dirigentes de clubes con vínculos con barrabravas
La iniciativa, elaborada originalmente durante la gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, también incorpora sanciones para dirigentes de instituciones deportivas que mantengan relaciones de colaboración o connivencia con barrabravas.
En ese sentido, contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes faciliten entradas, beneficios económicos u otros recursos que favorezcan el accionar de estas organizaciones.
El proyecto además habilita la investigación sobre posibles vínculos irregulares entre dirigentes y grupos violentos.
Las penas previstas por el proyecto
La reforma incorpora nuevas figuras penales vinculadas a la violencia en espectáculos deportivos:
- Entre 1 y 4 años de prisión para quienes provoquen daños en bienes muebles o inmuebles durante un evento deportivo.
- De 3 años y 6 meses a 6 años para quienes porten armas blancas, piedras, botellas u otros objetos contundentes.
- Entre 4 y 8 años para quienes introduzcan o transporten elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos.
- De 4 a 10 años de prisión para quienes porten armas de fuego o explosivos.
- También prevé sanciones para quienes provoquen la suspensión de un partido mediante hechos de violencia.
Además, la distribución ilegal y la reventa de entradas tendrán penas de dos a seis años de prisión.
El foco también apunta a la organización de las barras
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que las organizaciones vinculadas a las barras bravas operan como estructuras delictivas permanentes y que sus actividades exceden el ámbito de los estadios.
Según el texto, estos grupos pueden protagonizar hechos de violencia en distintos puntos del país cuando consideran afectados sus intereses económicos, incluso enfrentándose entre integrantes de una misma hinchada.
También se menciona la existencia de agresiones contra simpatizantes únicamente por pertenecer a determinados clubes, lo que el Ejecutivo considera una manifestación de violencia organizada.
En ese marco, el Gobierno argumenta que el objetivo de la iniciativa es erradicar la violencia asociada al deporte, combatir el crimen organizado y garantizar que los espectáculos deportivos puedan desarrollarse en un entorno seguro para las familias.
El debate parlamentario comenzará mientras el Mundial concentra buena parte de la atención pública, aunque el proyecto representa una de las principales iniciativas del oficialismo en materia de seguridad vinculada al deporte.
