El Senado de San Luis convirtió en ley el programa de Desendeudamiento Familiar, una iniciativa que busca ofrecer alternativas de refinanciación a familias con deudas de consumo en mora. La norma también crea un esquema de incentivos para promover el consumo en comercios de la provincia.
El proyecto había sido enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi y fue aprobado este martes 20 de octubre de 2026. La legislación establece dos programas complementarios: el de Desendeudamiento Familiar y el Programa de Incentivo al Consumo Familiar.
Qué establece el programa de Desendeudamiento Familiar
La primera herramienta está dirigida a personas con domicilio en San Luis durante al menos dos años ininterrumpidos y que registren deudas de consumo con una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley, dentro de los montos que determine la reglamentación.
Las entidades financieras que adhieran podrán ofrecer planes de regularización con plazos de amortización no menores a 24 meses, un período de gracia de al menos dos meses y una tasa de interés que no podrá superar en más de diez puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), publicada por el Banco Central.
Además, el valor de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. Las refinanciaciones tampoco podrán incluir gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales.
La norma permite consolidar distintas deudas en una sola refinanciación, incluso cuando hayan sido contraídas con diferentes entidades. También podrán incorporarse compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, como los de Edesal, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Para incentivar la adhesión del sector financiero, el Gobierno provincial podrá otorgar exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos correspondientes a las operaciones alcanzadas por el programa, siempre que cumplan con las condiciones fijadas.
Incentivos para el consumo local
El segundo eje de la ley es el Programa de Incentivo al Consumo Familiar. Las entidades adheridas podrán presentar planes de descuentos, reintegros, promociones y otros beneficios para estimular las compras en comercios de San Luis.
A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores. Según se explicó durante el tratamiento legislativo, la intención es que una reducción en el peso de las cuotas permita liberar ingresos familiares y favorecer a almacenes, supermercados, farmacias, emprendedores y trabajadores del sector comercial.
La explicación del senador Martín Olivero
Durante el debate, el senador Martín Olivero sostuvo que la medida busca responder a una problemática que afecta a hogares que recurren a préstamos, tarjetas de crédito o entidades financieras para afrontar gastos esenciales, como alimentos, medicamentos y servicios.
“El Estado no puede mirar para otro lado cuando hay familias que están atravesando dificultades económicas”, expresó Olivero. El legislador aclaró que la ley no implica que el Estado asuma las deudas particulares, sino que intervenga mediante herramientas fiscales para incentivar a las entidades crediticias a ofrecer alternativas de refinanciación más accesibles.
“Sabemos que esta ley no es la solución a los problemas económicos que atraviesan los sanluiseños, pero sí se puede convertir en una herramienta importante para quienes hoy necesitan ordenar sus cuentas”, concluyó el senador.
