El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo en la Justicia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a revisar una medida cautelar vinculada con la actualización de los fondos para las universidades, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria impuesta por el incumplimiento de la normativa.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra una resolución de primera instancia que había rechazado la posibilidad de apelar.
El planteo del Gobierno
La presentación cuestionó un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick. Ese tribunal había intimado al Estado a cumplir, en un plazo de cinco días, con la cautelar que ordenaba actualizar los fondos destinados a las universidades, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
El Gobierno sostuvo que el juez no había establecido con exactitud cuáles eran las obligaciones de la ley que no se habían cumplido ni los montos necesarios para considerar acatada la medida.
Además, afirmó que los aumentos salariales para docentes y no docentes universitarios habían alcanzado a cubrir la actualización prevista en la normativa. También señaló que la decisión de primera instancia generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.
Los camaristas consideraron que la resolución cuestionada “es susceptible de generarle un gravamen irreparable” y, por ese motivo, habilitaron la revisión del planteo estatal.
La apelación de Santilli
En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso contra la multa de $100.000 diarios que le había impuesto el juez Cormick por el incumplimiento de la actualización salarial del personal universitario.
El jefe de Gabinete solicitó que se suspenda la ejecución de las astreintes hasta que se resuelva el recurso de apelación concedido por el tribunal superior. En su escrito, cuestionó la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”.
También advirtió que mantener las sanciones podría ocasionar “consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
El pedido de las universidades
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional pidió que se incremente el monto de la multa aplicada a Santilli. El organismo consideró que la suma es “más que exigua en comparación con los importes en juego”.
“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, sostuvo el Consejo en su presentación.
