La causa por el vaciamiento del Molino Fénix sumó cuatro nuevos imputados. La Fiscalía N° 3 dispuso este viernes la notificación formal de las personas investigadas por su presunta participación en el desvío de fondos y la sustracción de bienes durante la gestión anterior.
La resolución fue emitida el viernes 16 de octubre y lleva la firma del fiscal adjunto Marcelo Palacio. La medida fue adoptada en los términos del artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis, que establece el derecho de los acusados a ser informados formalmente de la sospecha en su contra.
Con las nuevas imputaciones, el expediente tiene 10 involucrados. Los nuevos acusados son Mauro Gustavo Aguilar, señalado como coautor de asociación ilícita y fraude a una administración pública; Carlos Jalid Ismael, imputado como coautor de fraude a una administración pública; y Germán Lunardi y Hugo Orlando Escudero, considerados coautores de peculado y destrucción de objetos destinados a servir de prueba.
De acuerdo con la información obtenida por El Chorrillero, Aguilar sería un comerciante radicado en la ciudad de San Luis. Lunardi y Escudero se desempeñaban en el área de mantenimiento del Molino Fénix, mientras que Ismael tenía a su cargo tareas de contabilidad dentro del organismo estatal.
Quiénes son los principales acusados
La exdiputada Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel fueron enviados a prisión el 24 de agosto, cuando se amplió la imputación por asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los sospechosos habrían participado de una maniobra para sustraer bienes y desviar fondos públicos en beneficio personal, de terceros y para realizar campaña política. El daño económico estimado hasta el momento es de 900 millones de pesos, aunque las pericias contables todavía no concluyeron.
La misma acusación alcanza al diputado Joaquín Beltrán. Como no fue desaforado, la Fiscalía no pudo avanzar con un pedido de prisión preventiva en su contra.
Diego Torres es la quinta persona de ese grupo. Fue el único que declaró ante el juez Santiago Ortiz y, según la Fiscalía, corroboró la evidencia relacionada con la destrucción de la documentación de las oficinas. Actualmente cumple prisión domiciliaria.
La situación de Cristian Becher
El empresario Cristian Becher fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva el 22 de septiembre. Para la Fiscalía, su participación habría sido necesaria para extraer el dinero público mediante cheques emitidos por exfuncionarios a su nombre.
La acusación sostiene que Becher utilizaba sus empresas, algunas de ellas presuntamente consideradas fantasmas y registradas a nombre de otras personas, para facturar servicios inexistentes.
Lucero y Beltrán son señalados por la Fiscalía como los jefes de una organización que “se valió de bienes públicos y de personas para cometer delitos”. La medida de coerción que pesa sobre Lucero, su hermano y Scarel vence el 24 de octubre.
El fiscal José Olguín ya anticipó que solicitará una extensión del encarcelamiento por dos meses. Ese es el plazo máximo autorizado para finalizar la investigación y elevar la causa a juicio oral.
El próximo paso judicial
En la cédula enviada a la Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal informó que los nuevos acusados tienen derecho a concurrir a los Tribunales de Villa Mercedes para conocer el legajo y designar un abogado. Si no cuentan con asistencia privada, podrán acudir a la Defensoría Oficial Penal.
El próximo paso será el pedido de una audiencia de formulación de cargos.
