La Justicia de Villa Mercedes dispuso el allanamiento y la demora del empresario de la comunicación C.O.C., director y titular de una cadena de medios local, en el marco de una causa por presunta violencia contra la mujer.
La investigación se inició tras la denuncia radicada por una mujer de 40 años, expareja del acusado, ante la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancia y Adultos N.º 1, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera, en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial.
Los hechos denunciados
Según el parte oficial, la denunciante manifestó que desde el año 2023 sería víctima de violencia psicológica, verbal y económica, además de hostigamiento reiterado. También indicó que el hombre la habría extorsionado en distintas oportunidades con la amenaza de difundir material íntimo.
En relación con el episodio que motivó la intervención policial, la mujer sostuvo que el sábado por la mañana, alrededor de las 9:00, mientras ambos se encontraban en la planta baja del domicilio que compartían —sector donde funciona un estudio de radio— le comunicó que había conseguido un trabajo, lo que habría generado una discusión.
De acuerdo con su relato, el empresario comenzó a filmarla y realizó expresiones vinculadas a material íntimo. Asimismo, denunció que en otras ocasiones habría efectuado comentarios intimidatorios aludiendo a hechos de femicidio, insinuando que podría “correr la misma suerte”.
La presentación también menciona que el hijo menor de ambos, de 5 años, habría presenciado discusiones en diversas oportunidades.
Allanamiento y detención
Ante la gravedad de los hechos denunciados, se labraron actuaciones caratuladas prima facie como “A.V. Violencia contra la Mujer”, lo que derivó en la disposición de medidas procesales urgentes.
En ese marco, personal policial llevó adelante un allanamiento con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos. Posteriormente, el acusado fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, permaneciendo detenido mientras se avanzaba en las primeras diligencias.
La causa continúa bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
El caso se encuadra en lo establecido por la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, normativa que prevé mecanismos de actuación inmediata ante situaciones de riesgo.
