La situación judicial del diputado provincial Joaquín Beltrán quedó en el centro de la investigación por el caso Molino Fénix, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su desafuero como paso previo para avanzar con el pedido de prisión preventiva.
Beltrán, actual integrante de la Cámara de Diputados de San Luis y pareja de la exdiputada Anabela Lucero, se encuentra imputado en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares cometidas entre 2020 y 2023 en la administración de la Casa de la Música del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.
El pedido se produjo durante la extensa audiencia realizada este lunes ante el Juzgado de Garantía N.º 4, a cargo del juez Santiago Ortiz, en la que se ampliaron las acusaciones y se ordenó la prisión preventiva durante 60 días de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.
Los fueros impiden resolver por ahora la prisión preventiva
La Fiscalía solicitó una medida de coerción contra Joaquín Beltrán, pero su condición de diputado provincial impide que el magistrado pueda avanzar actualmente con una decisión sobre su eventual encarcelamiento preventivo.
El juez Santiago Ortiz explicó que, debido a los fueros parlamentarios que posee Beltrán, no corresponde expedirse sobre la medida mientras continúe vigente esa protección.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal deberá oficiar a la Cámara de Diputados de San Luis para iniciar el procedimiento correspondiente.
Será entonces el Poder Legislativo provincial el que deberá intervenir en el trámite relacionado con el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán. Solo después de esa instancia la Justicia podrá avanzar sobre la medida de coerción solicitada por la Fiscalía.
Beltrán y Lucero, señalados como presuntos jefes
La resolución judicial también hizo lugar a la ampliación de la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
En cuanto a la acusación por asociación ilícita, la situación de Beltrán y Lucero es diferente a la de los restantes imputados.
Según la formulación admitida por la Justicia, Anabela Lucero y Joaquín Beltrán están imputados como presuntos jefes de la organización, mientras que Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres fueron imputados como partícipes necesarios.
Las imputaciones corresponden a la actual etapa de investigación y no implican una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía estima un perjuicio de $900 millones
Según la teoría del caso presentada por el fiscal de Instrucción N.º 3, José Olguín, las presuntas maniobras habrían ocurrido entre 2020 y 2023 y habrían ocasionado un perjuicio estimado en $900 millones a la Administración Pública.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban en el Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante diferentes mecanismos presuntamente irregulares.
Entre los procedimientos investigados aparecen contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis, firmas que no estaban registradas como proveedoras del Estado provincial y contrataciones cuyos bienes o servicios presuntamente no guardaban relación con las actividades del complejo.
Uno de los datos expuestos por la acusación durante la audiencia indica que, de 116 cheques analizados en la investigación, solamente cuatro estaban en orden.
Para el Ministerio Público Fiscal, esas operaciones habrían permitido desviar fondos hacia terceras personas, aunque la investigación deberá determinar quiénes habrían resultado beneficiados.
Destrucción de registros y evidencia digital
Otro de los puntos incorporados a la acusación está relacionado con la presunta destrucción y ocultamiento de evidencia.
La Fiscalía sostiene que, durante 2023 y ante la proximidad del cambio de gobierno provincial, se habrían eliminado elementos que podían resultar relevantes para la investigación.
Entre los hechos mencionados durante la audiencia aparece la presunta destrucción de registros contables en un horno de barro.
Además, el Ministerio Público Fiscal atribuyó específicamente a Joaquín Beltrán y Anabela Lucero el presunto borrado de evidencia digital de sus teléfonos celulares.
Las defensas cuestionaron la acusación y diferentes aspectos relacionados con la incorporación y validez de las pruebas.
Beltrán rechazó las acusaciones
Durante la audiencia, Joaquín Beltrán declaró ante el tribunal y rechazó la teoría sostenida por el Ministerio Público Fiscal.
El legislador hizo referencia a auditorías aprobadas, facturas, cheques y circuitos de pagos, y sostuvo que no existieron perjuicios ni irregularidades en las contrataciones investigadas.
Su abogado defensor, Gabriel Bracco, también cuestionó la ampliación de cargos y adhirió a los planteos realizados por la defensa de Anabela Lucero.
La Justicia, sin embargo, resolvió hacer lugar a la nueva formulación presentada por la Fiscalía.
Tres imputados ya cumplen prisión preventiva
Mientras se define la situación parlamentaria de Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel deberán cumplir 60 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
El juez fundamentó la medida, entre otros elementos, en la existencia de prueba todavía pendiente de producción, incluidas pericias contables e informáticas, además de entrevistas destinadas a establecer la posible participación de otras personas.
Distinta es la situación de Diego Torres. La Fiscalía decidió no solicitar su prisión preventiva debido a que permaneció a derecho y fue el único de los imputados que se presentó espontáneamente ante la Justicia.
La causa continuará ahora con nuevas medidas probatorias mientras, en paralelo, el pedido relacionado con Joaquín Beltrán deberá trasladarse al ámbito legislativo.
La decisión que adopte la Cámara de Diputados de San Luis respecto de sus fueros será determinante para que posteriormente la Justicia pueda expedirse sobre el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.
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