La Justicia de San Luis investiga una serie de amenazas registradas en instituciones educativas de la capital provincial, en un contexto que preocupa a las autoridades y que ya registra antecedentes en otras jurisdicciones del país. Desde el ámbito judicial advirtieron que estas conductas, aun cuando se realicen en tono de “broma”, constituyen un delito penal.
Según informaron fuentes oficiales, el Ministerio Público Fiscal recibió alrededor de 20 denuncias vinculadas a estos hechos, que en su mayoría fueron detectados a través de mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal N° 6 de la Primera Circunscripción, en conjunto con la Fiscalía de Género N° 1, que avanzan con tareas para identificar a los posibles responsables.
En paralelo, se implementó un trabajo articulado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad de San Luis, con el objetivo de abordar la situación de manera integral. Entre las medidas adoptadas, se dispuso la presencia policial preventiva en los colegios afectados.
Desde el Poder Judicial remarcaron que no se trata de hechos aislados. Casos similares se han registrado en otras provincias, tanto mediante mensajes escritos como a través de redes sociales, lo que encendió alertas a nivel nacional.
En ese marco, se activaron protocolos de actuación conjuntos para resguardar a la comunidad educativa y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.
Las autoridades fueron enfáticas al señalar que las amenazas, incluso en tono de broma, están tipificadas en el Código Penal, por lo que pueden derivar en consecuencias legales para quienes las realicen.
Finalmente, se hizo un llamado a las familias y a toda la comunidad educativa a reforzar el diálogo con niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de generar conciencia sobre la gravedad de estos hechos y prevenir su reiteración.
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