Lucero, su hermano Enzo y su cuñado Exequiel Scarel continuarán detenidos luego de que el juez Santiago Ortiz extendiera por 90 días la prisión preventiva. La Fiscalía sostuvo que persisten los riesgos de entorpecimiento probatorio, presiones e intentos de engaño al Tribunal.
La decisión fue tomada este viernes, durante una audiencia que se extendió por tres horas y en la que se analizó el vencimiento de la prórroga de detención. El Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses más, pero Ortiz consideró que ese plazo era “un poco excesivo” y fijó una nueva extensión de 90 días.
Los tres imputados están acusados de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia. La dirigente del Partido Justicialista es señalada, junto con su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, como una de las jefas de una organización que habría desviado fondos públicos durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
La denuncia por el uso de un teléfono en la cárcel
El fiscal José Olguín expuso que durante los dos meses que Lucero lleva detenida en la Cárcel de Mujeres se detectaron irregularidades vinculadas con las restricciones a las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.
En particular, mencionó una denuncia presentada por autoridades del Servicio Penitenciario Provincial ante el Colegio de Abogados. Según lo expuesto en la audiencia, uno de los defensores, Adriel Cabello, le habría entregado su teléfono celular a Lucero para que realizara una llamada no permitida.
“Los abogados lo pueden tener para trabajar, pero saben que no se lo pueden pasar a sus defendidos. La buena fe ha quedado para atrás. No somos tontos, advertimos estas situaciones de engaño y entorpecimiento, y esta es la conducta que han mantenido a lo largo del proceso”, afirmó Flavio Ávila, representante de la Fiscalía de Estado.
Las sospechas sobre la huelga de hambre
Olguín también planteó sospechas sobre una eventual entrega de dádivas a una empleada del complejo carcelario para que aportara información “inexacta, errónea y falsa” respecto del cumplimiento de la huelga de hambre de Lucero.
La persona mencionada es una enfermera que trabaja en el penal y sobre la que ya se tomaron medidas. La información cuestionada estaba relacionada con el peso corporal y los valores de presión arterial que se registraban diariamente a la exlegisladora, quien sostiene que dejó de alimentarse como forma de protesta.
Para la acusación, la medida buscó simular un deterioro físico grave, engañar al juez y forzar una morigeración de la prisión preventiva. Olguín sostuvo que los daños autoinfligidos no pueden convertirse en “un mecanismo para eludir la prisión preventiva”.
“Si un imputado que está alojado en el Servicio Penitenciario se produce un daño a sí mismo y alega que con ese daño pretende una morigeración, bueno, hay una trampa”, expresó el fiscal.
Ávila calificó el episodio como una presunta “estafa procesal” y sostuvo que se intentó “simular sobre una situación de salud inexistente” mediante un engaño para obtener una decisión judicial.
La situación médica de la exlegisladora
La Fiscalía citó pericias médicas oficiales que, según indicó, descartan una emergencia o riesgo vital y sostienen que la dolencia en una mama puede ser tratada en el lugar de detención.
“No hay una situación que no pueda ser atendida en su situación de detención, y el derecho a la salud está garantizado”, afirmó Olguín. También señaló que el problema se encuentra contenido y bajo tratamiento.
El juez Ortiz remarcó en su resolución que los pedidos médicos fueron atendidos y que se priorizó que la asistencia se realizara en San Luis. “Todo lo peticionado, a veces tres o cuatro veces por día, fue proveído teniendo presente el criterio de igual para la atención rápida y necesaria, siempre priorizando que sea en San Luis”, expresó.
El magistrado aclaró que no se le niega a Lucero la posibilidad de ser atendida por el cirujano que la operó, pero sostuvo que el tratamiento debe realizarse en la provincia por una cuestión de igualdad respecto del resto de las personas privadas de la libertad.
Los argumentos sobre el peligro procesal
Ávila sostuvo que mantener la prisión preventiva es “la única vía para garantizar que la investigación avance sin interferencias ni ocultamiento de evidencia”. Según la acusación, el peligro de entorpecimiento se incrementó incluso dentro del Servicio Penitenciario.
“Ninguna otra medida puede llegar a neutralizar esto. Ni siquiera una detención domiciliaria puede garantizar la posibilidad del contacto con terceras personas ni la operatividad sobre cuentas”, agregó.
La Fiscalía también mencionó una denuncia realizada por Diego Torres, imputado con prisión domiciliaria, contra la hermana de Anabela Lucero por presuntas presiones. A partir de esa declaración, los investigadores identificaron a nuevos sospechosos que podrían ser convocados a una formulación de cargos.
El fiscal adjunto Marcelo Palacio advirtió que las constantes salidas del penal “advierte que lo tenemos que encuadrar en un posible peligro de fuga”. Lo dijo en relación con el pedido de la defensa para que Lucero sea trasladada a Córdoba para ser revisada por el cirujano que la operó, pese a que, según la Fiscalía, San Luis cuenta con los recursos para atenderla.
Palacio rechazó la posibilidad de reemplazar la prisión preventiva por una tobillera electrónica. Afirmó que los imputados actuaron de manera coordinada y permanente, y que ni siquiera dentro del Servicio Penitenciario se pudieron neutralizar por completo los riesgos procesales.
También diferenció las situaciones de Enzo Lucero y Scarel respecto de la de Diego Torres, quien, según señaló, “se presentó a derecho y mantuvo una actitud colaborativa con la investigación”. Palacio sostuvo que Torres cumplía un rol subordinado y no tenía el mismo nivel de familiaridad con la presunta jefa de la organización.
La resolución del juez
Ortiz ratificó la vigencia del peligro probatorio y de entorpecimiento procesal. En su resolución consideró que el proceso “se ha extendido en demasía” y reclamó una respuesta jurisdiccional inmediata para las personas detenidas y para todas las partes.
El juez indicó que los próximos 90 días deberán ser utilizados para concluir la investigación, formular la acusación y concretar la audiencia de elevación del expediente a juicio oral. La Fiscalía informó que todavía quedan pendientes pericias contables y análisis de registros bancarios.
Durante la audiencia, las partes acusadoras señalaron que la extensión de la investigación permitió ampliar las imputaciones e incorporar elementos vinculados con sociedades que habrían sido utilizadas para desviar dinero del Estado. Tampoco descartaron que la aparición de nuevos implicados derive en expedientes paralelos, incluida una posible segunda parte de la investigación por hechos de corrupción en el Molino Fénix.
Qué dijo Anabela Lucero
A pedido de sus abogados, Lucero participó de manera remota y relató el golpe que sufrió en uno de sus pechos mientras realizaba una actividad deportiva en el penal, el 17 de septiembre. Según explicó, el episodio generó complicaciones en uno de sus implantes.
La exlegisladora agradeció al Tribunal por permitirle intervenir a distancia y por responder, según dijo, a los pedidos de sus abogados para recibir asistencia médica. Sin embargo, sostuvo que inició y continúa una huelga de hambre para obtener un diagnóstico y un tratamiento específico.
“Se han dicho muchas cosas que no son de mi salud y muchas mentiras. Siento que están usando esto como política. La verdad que la salud tiene un límite y se tiene que respetar. También pido que los medios que respeten”, afirmó.
Lucero aclaró que realiza una huelga húmeda “para poder tener alimentos en mi cuerpo y poder tolerar la medicación”. Dijo que está prácticamente imposibilitada de utilizar el brazo derecho para levantarse, bañarse, dormir o cambiarse, debido al dolor que, según sostuvo, también le eleva la presión.
Además, cuestionó el menú que recibe en la cárcel por considerar que no coincide con las recomendaciones de su cardiólogo. “La única vez que comemos bien es cuando nuestra familia nos trae la comida”, manifestó.