El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con legisladores de distintos espacios políticos para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye medidas vinculadas con las Islas Malvinas. La iniciativa será analizada el próximo martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará reunir los apoyos necesarios para llevarla al recinto.
Reunión con legisladores y búsqueda de acuerdos
Según informó la agencia Noticias Argentinas, representantes del Poder Ejecutivo mantuvieron un encuentro con diputados nacionales del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Justicialista (PJ).
De la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
El objetivo fue avanzar en los consensos parlamentarios que permitan obtener un dictamen favorable y acelerar el tratamiento legislativo de una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está convocado para el martes 27 de octubre, a las 16 horas, luego de una postergación.
Aunque el oficialismo aspira a obtener dictamen, todavía existen dudas sobre la posibilidad de debatir el proyecto en el recinto el miércoles 28 de octubre.
La agenda parlamentaria de noviembre, que estará atravesada por el tratamiento del Presupuesto nacional, aparece como uno de los principales obstáculos para encontrar una fecha alternativa.
Tras el encuentro, Ravier expresó en sus redes sociales:
“Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”.
El funcionario también sostuvo que la defensa de la soberanía constituye una prioridad para la administración de Javier Milei.
Malvinas: penas de hasta 20 años por explotación de recursos naturales
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión y restricciones para que las personas o empresas involucradas puedan operar en territorio argentino.
Además, plantea reemplazar la actual Ley 26.659, ampliando su alcance más allá de los hidrocarburos.
De aprobarse, las prohibiciones abarcarían cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables que no cuente con autorización argentina.
También se establecería un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían impedidos de contratar con el Estado y con particulares.
La iniciativa incorpora, asimismo, la posibilidad de realizar juicios en ausencia por los delitos contemplados en la nueva normativa.
Creación de un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos relevantes es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la Nación.
El organismo estaría integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, representantes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.
Su función sería coordinar estrategias diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El proyecto le otorgaría facultades para adoptar medidas extraordinarias frente a amenazas graves e inminentes, entre ellas:
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Restringir determinadas operaciones cambiarias y financieras.
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Bloquear temporalmente fondos y activos.
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Suspender autorizaciones y contrataciones.
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Establecer restricciones a importaciones y exportaciones.
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Incrementar temporalmente derechos aduaneros.
La iniciativa también contempla, como último recurso y bajo un protocolo de actuación, el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles, una vez agotadas las instancias previas establecidas.
Nuevas disposiciones sobre inteligencia y seguridad
El texto incorpora modificaciones relacionadas con la seguridad nacional, la actividad de inteligencia y la participación extranjera en asuntos internos.
Entre las disposiciones propuestas figura la prohibición de aportes económicos a partidos políticos y campañas electorales provenientes de extranjeros sin residencia permanente o de personas jurídicas extranjeras.
También contempla nuevas figuras delictivas vinculadas con la revelación de información secreta a Estados extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y determinadas acciones financiadas desde el exterior para interferir en procesos electorales.
En materia de defensa, se propone redefinir las funciones de las Fuerzas Armadas y habilitar su intervención en cuestiones de seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Por otra parte, se busca incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con mecanismos para inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas o financieras de personas y organizaciones incluidas en ese registro.
Una semana decisiva para el tratamiento legislativo
El encuentro entre funcionarios y diputados forma parte de las gestiones del oficialismo para reunir el respaldo parlamentario necesario antes de que se intensifique la discusión presupuestaria.
La reunión de comisiones del 27 de octubre será determinante para conocer si el proyecto consigue dictamen y queda en condiciones de avanzar hacia una votación en la Cámara de Diputados.
Por el momento, la iniciativa continúa en tratamiento legislativo y ninguna de las modificaciones propuestas se encuentra aprobada como nueva ley.