El Presupuesto 2027 entra en una etapa de definiciones en la Cámara de Diputados, mientras el Gobierno busca acercar posiciones con sus aliados y atender reclamos vinculados con impuestos, universidades, obras públicas y sectores productivos.
La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre o, como alternativa, una semana después, el 25 de noviembre. La iniciativa será analizada en la comisión homónima, presidida por Bertie Benegas Lynch.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo reuniones con representantes del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para conocer sus planteos. Aunque todavía no hubo definiciones, uno de los reclamos generales es el destino de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
El reclamo por el Impuesto a los Combustibles Líquidos
Los bloques opositores dialoguistas plantean reducir el ICL. Según explicaron, cuando se sancionó la norma, el objetivo del tributo era garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales.
El pedido también fue formulado por los gobernadores ante el Poder Ejecutivo y trasladado a sus representantes en el Congreso.
Los pedidos del PRO y la UCR
El bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, reclamó por la coparticipación federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri.
También respaldó el pedido del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para reducir del 21% al 10,5% el impuesto aplicado al huevo y sus derivados. A ese planteo se sumaron demandas por obras viales impulsadas por distintos gobernadores.
Desde la UCR, en tanto, solicitaron mayores fondos para las universidades. El Gobierno propone destinar $7 billones al sector, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia asciende a $4 billones.
El radicalismo también espera que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, confirme los recursos para garantizar el presupuesto destinado a las personas con discapacidad.
“Si no están los fondos varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular”, afirmó a TN un diputado radical vinculado con un gobernador provincial.
El régimen de incentivos y el pedido para el sector pesquero
Los legisladores radicales aguardan además una respuesta del oficialismo sobre un proyecto aprobado por el Senado la semana anterior. La iniciativa, promovida por el senador Eduardo Vischi, crea el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR).
El proyecto busca incentivar inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, aumentar las exportaciones y favorecer la creación de empleo.
El senador Maximiliano Abad pidió incorporar a la pesca al régimen para que pueda acceder a sus beneficios sin necesidad de alcanzar un monto mínimo de inversión. Según sostuvo, la medida podría favorecer la renovación de embarcaciones y la incorporación de tecnología en ciudades como Mar del Plata.
En Diputados, la radical Karina Banfi, del bloque Adelante Buenos Aires, también solicitó una reducción de impuestos para el sector pesquero.
Las diferencias por la ley de biocombustibles
Los sectores productivos de las provincias del centro del país, especialmente de Córdoba y Santa Fe, siguen el debate del proyecto de ley de Biocombustibles. La iniciativa obtuvo la sanción del Senado el 17 de septiembre, pero en Diputados existen pedidos para modificar algunos artículos.
En las reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura, distintos bloques cuestionaron el capítulo referido al biodiésel y reclamaron cambios para proteger a las pequeñas y medianas empresas regionales.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del bloque Provincias Unidas, afirmó que las modificaciones podrían perjudicar a las provincias productoras y pidió avanzar con una ley que beneficie a los productores de bioetanol y biodiésel del interior.
Por su parte, el diputado Eduardo Falcone, del MID, cuestionó artículos incorporados en el Senado y sostuvo que podrían afectar a 25 PyMEs frente a cuatro o cinco multinacionales.
La resolución de estos reclamos será clave para que el oficialismo pueda construir las mayorías necesarias y avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.