El juez de Garantía N.º 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, dispuso el sobreseimiento de los exfuncionarios provinciales Miguel Ángel “Micky” Berardo y Cintia Ramírez, quienes estaban imputados en una causa por presuntas irregularidades en contrataciones destinadas a la construcción y acondicionamiento de canchas de fútbol en la ciudad de La Punta.
La decisión judicial, dictada el lunes 26 de octubre de 2026, se fundamentó en la prescripción de la acción penal y no en un pronunciamiento sobre los hechos investigados.
Fiscalía de Estado anunció que apelará la resolución al considerar que el pedido de apertura a juicio se efectuó dentro de los plazos legales.
El expediente comprende contrataciones por aproximadamente 88 millones de pesos, realizadas durante los últimos días de la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en diciembre de 2023.
Los exfuncionarios habían sido imputados por tres hechos de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fundamentos del sobreseimiento
La resolución del juez Flores Leyes estableció que el plazo de prescripción de la acción penal había vencido el 6 de agosto de 2026.
El requerimiento de apertura a juicio elaborado por el fiscal de Instrucción Ricardo Barbeito tenía fecha del 5 de agosto, un día antes del vencimiento establecido por el magistrado.
Sin embargo, el juez consideró que no se había acreditado suficientemente su presentación formal dentro del plazo correspondiente, debido a la ausencia de un cargo electrónico u otra constancia que permitiera verificar el ingreso oportuno del documento.
Aunque Fiscalía de Estado sostuvo que había recibido el requerimiento el 5 de agosto, el magistrado entendió que esa circunstancia no resultaba suficiente para demostrar su presentación procesal en término.
Las defensas de los imputados fueron notificadas del requerimiento el 21 de agosto.
El sobreseimiento dispuesto por prescripción no implica una declaración judicial de inocencia ni determina si existieron los hechos investigados. La resolución se refiere exclusivamente a la posibilidad legal de continuar con la persecución penal.
Fiscalía de Estado apelará la resolución
La Fiscalía de Estado de San Luis manifestó su desacuerdo con el criterio utilizado para declarar la prescripción y anunció que presentará un recurso de apelación.
El organismo sostiene que el requerimiento de apertura a juicio fue confeccionado y firmado dentro del plazo legal, por lo que considera que corresponde revisar la decisión.
Durante la audiencia en la que se debatió el planteo de prescripción, tanto el Ministerio Público Fiscal como la representación del Estado provincial se pronunciaron en contra del cierre de la causa.
Fiscalía de Estado también cuestionó la actuación procesal del fiscal Ricardo Barbeito, al señalar que el expediente habría permanecido durante un período prolongado sin avances significativos, pese a los pedidos para impulsar la investigación.
Esos cuestionamientos corresponden a la postura del organismo provincial y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad del fiscal.
La presentación del recurso permitirá que una instancia judicial superior examine los fundamentos del sobreseimiento y los argumentos vinculados con el cumplimiento de los plazos procesales.
Qué se investigaba en las contrataciones deportivas
La investigación se originó a partir de contratos celebrados entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2023, durante el tramo final de la administración provincial encabezada por Alberto Rodríguez Saá.
Las contrataciones involucraban a la empresa MyD Construcciones, que debía ejecutar trabajos de movimiento de suelo, cerramiento perimetral, preparación y nivelación de dos canchas de fútbol en La Punta, destinadas a la posterior colocación de césped sintético.
Entre los aspectos examinados por la acusación figuraban la utilización del procedimiento de contratación directa, la justificación administrativa de las operaciones y las condiciones establecidas para los pagos.
También se cuestionó un anticipo financiero equivalente al 70% del monto contratado y el posterior pago del saldo, ante la presunta ausencia de documentación que acreditara la ejecución y finalización de los trabajos.
Los desembolsos investigados se habrían realizado entre el 4 y el 6 de diciembre de 2023, pocos días antes del cambio de autoridades provinciales.
La acusación también mencionó operaciones financieras vinculadas con la empresa contratista, entre ellas transferencias desde una cuenta personal de Cintia Ramírez hacia una cuenta del socio gerente de la firma, Miguel Ángel Acosta.
Estas circunstancias formaban parte de los elementos sometidos a investigación y no fueron objeto de una resolución judicial definitiva sobre su eventual carácter delictivo.
Los funcionarios involucrados
Miguel Ángel Berardo se desempeñó como jefe de Gabinete y secretario General de la Gobernación durante la administración de Alberto Rodríguez Saá.
Por su parte, Cintia Ramírez ocupó la Secretaría de Deportes y estuvo vinculada a la gestión de políticas y recursos destinados a actividades deportivas provinciales.
Ambos fueron investigados por su presunta intervención en las contrataciones cuestionadas.
En el caso de Ramírez, existe además un antecedente judicial correspondiente a otro expediente.
El 20 de marzo de 2026, la exfuncionaria fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública.
Aquella sentencia estuvo relacionada con la autorización de pagos desde el Ente Deportes por bienes y servicios destinados al San Luis Fútbol Club, institución que la propia Ramírez presidía.
Se trata de una causa diferente de la investigación por las contrataciones de canchas en La Punta.
La causa permanece pendiente de una definición judicial
La resolución del juez Marcos Flores Leyes todavía puede ser revisada a partir de la apelación anunciada por Fiscalía de Estado.
Si el sobreseimiento por prescripción queda firme, la investigación no podrá continuar hacia un juicio por los hechos comprendidos en esa decisión.
En cambio, si una instancia superior revoca la resolución y admite la continuidad de la acción penal, el expediente podría avanzar hacia las siguientes etapas procesales.
Por el momento, no existe una sentencia sobre la responsabilidad penal de Berardo y Ramírez en las contrataciones investigadas. La cuestión pendiente se concentra en determinar si el requerimiento de apertura a juicio cumplió con las exigencias y los plazos establecidos por la legislación aplicable.