Los abogados de la exdiputada Anabela Lucero fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades en el establecimiento donde la dirigente permanece detenida con prisión preventiva, en el marco de la causa por el supuesto desvío de fondos del Molino Fénix.
La presentación fue realizada por Karina Mantelli, directora del Servicio Penitenciario Provincial, ante la Unidad de Abordaje Fiscal. En el escrito se atribuyen a los letrados Adriel Cabello y Esteban Bustos conductas que habrían vulnerado las normas de seguridad del penal y podrían haber buscado entorpecer la investigación.
El episodio en la Unidad 4
Según la denuncia, el hecho central ocurrió el 16 de septiembre, alrededor de las 17:41, en el salón de visitas de la Unidad Nº 4, conocida como “Cárcel de Mujeres”, ubicada en el Complejo Penitenciario Nº 1 “Granadero Juan Bautista Baigorria”.
Durante una entrevista profesional, una oficial habría advertido movimientos extraños a través de la celaduría. Luego se constató que los letrados le entregaron un teléfono celular a Lucero “en más de una oportunidad” para que hablara con otra persona, sin autorización.
Además, sobre la mesa se detectó “un par de lentes que presumiblemente serían inteligentes”, de acuerdo con el contenido de la presentación. Tras ese episodio, los abogados también fueron denunciados ante el Colegio de Abogados.
Mantelli sostuvo que las situaciones descriptas podían afectar la seguridad interna, la convivencia de la población penal y el desarrollo del proceso judicial. En ese sentido, mencionó el riesgo de una eventual maniobra de entorpecimiento o incluso de evasión, aunque esos extremos forman parte de las sospechas expuestas en la denuncia.
Las acusaciones sobre los controles médicos
La presentación también cuestiona los registros vinculados con el estado de salud de Lucero, quien inició una huelga de hambre. Según una investigación interna, se habrían detectado “inconsistencias en los pesajes realizados por el Departamento Sanidad Central en cuanto a la pérdida de peso que no existe en la realidad”.
La denuncia sostiene que se habría intentado generar una imagen de deterioro físico grave para influir en la decisión judicial y conseguir una morigeración de la detención, como la prisión domiciliaria. En ese marco, la querella calificó la maniobra como una “estafa procesal”.
También se expresó la sospecha de que una enfermera del penal habría sido corrompida para aportar información inexacta sobre los controles de peso y presión arterial. La presentación incluyó como prueba el registro completo de las cámaras de seguridad de la Unidad 4.
La situación de la prisión preventiva
Los señalamientos fueron expuestos durante la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Olguín, y la querella de la Fiscalía de Estado, representada por Flavio Ávila, solicitaron extender la prisión preventiva de Lucero por cuatro meses.
Sin embargo, el juez Santiago Ortiz resolvió que la medida se prolongue durante 90 días. La exdiputada lleva dos meses detenida con prisión preventiva en la causa relacionada con el Molino Fénix.
La denuncia contra los abogados deberá ser analizada por la autoridad fiscal competente, mientras que las acusaciones descriptas permanecen en etapa de investigación.