Los deudores de San Luis podrían contar con un mecanismo judicial para declarar su insolvencia, ordenar sus obligaciones y negociar condiciones de pago acordes con su capacidad económica. La propuesta es analizada en la Cámara de Diputados provincial y todavía se encuentra en una etapa preliminar.
La iniciativa es impulsada por el legislador del departamento Pueyrredón, Víctor Moriñigo, a partir de una inquietud planteada por integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El borrador contempla modificar el Código Procesal Civil y Comercial de San Luis para incorporar una figura inspirada en los concursos preventivos previstos para las empresas.
Cómo funcionaría el mecanismo
El proyecto permitiría que una persona que ya no puede afrontar el conjunto de sus obligaciones se presente voluntariamente ante un juez. En esa instancia debería acreditar sus ingresos, declarar sus bienes e informar el total de las deudas contraídas.
Con intervención judicial y participación de un síndico, un profesional de las ciencias económicas, se analizaría qué proporción de las obligaciones puede pagar y bajo qué condiciones. Entre las alternativas previstas aparecen la reducción de montos, la quita de intereses, la ampliación de plazos y la combinación de distintas modalidades de cancelación.
“Sería un andamiaje similar, idéntico diría yo, a lo que toma una empresa cuando se declara en insolvencia en la Ley de Concursos y Quiebras”, explicó Moriñigo al describir el objetivo de la propuesta.
Qué deudas quedarían comprendidas
El mecanismo estaría destinado a obligaciones originadas en el consumo. Podría incluir deudas con bancos, entidades financieras, tarjetas de crédito, comercios y otros acreedores, siempre que puedan ser documentadas y acreditadas.
Las deudas derivadas de juegos de azar quedarían expresamente excluidas. Además, la propuesta apunta a que el proceso pueda reunir a los distintos acreedores de una persona, en lugar de limitarse a una negociación individual con una sola entidad.
“La idea es crear un procedimiento para que el propio deudor pueda afrontar sus compromisos en condiciones compatibles con su situación patrimonial, bajo acuerdos que involucren a quienes tienen derecho a cobrar”, remarcó el legislador. El proyecto no contempla que el Estado provincial asuma las deudas particulares.
La relación con la Ley de Desendeudamiento Familiar
Moriñigo sostuvo que la figura analizada sería complementaria de la Ley de Desendeudamiento Familiar, impulsada por el gobernador Claudio Poggi y aprobada por el Senado provincial el martes 20 de octubre.
Según explicó, el programa de desendeudamiento busca facilitar refinanciaciones mediante la reducción de intereses, la ampliación de plazos, períodos de gracia y cuotas ajustadas a la capacidad económica de las familias que cumplan con los requisitos.
En cambio, la insolvencia del consumidor estaría orientada a casos de mayor gravedad, en los que una persona ya no encuentra una salida viable mediante las negociaciones habituales con bancos, financieras o comercios. “Yo la veo complementaria a la Ley de desendeudamiento que envió el Gobierno”, afirmó el diputado, quien definió la nueva herramienta como “un paso más grave”.
El antecedente de Mendoza
La propuesta toma como referencia una legislación de Mendoza que, según Moriñigo, incorporó un mecanismo de tratamiento para personas físicas inspirado en el régimen de concursos y quiebras, mediante una reforma de su Código Procesal Civil y Comercial.
El próximo paso previsto en San Luis es consultar a representantes del Colegio de Abogados y a otros sectores vinculados con el derecho y la actividad económica. El proyecto todavía busca consensos profesionales antes de avanzar formalmente en la Legislatura.
“Lo más auspicioso de esto es que no es un invento puntano”, expresó Moriñigo al referirse al antecedente mendocino.