El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión por el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Argentina.
La presentación fue realizada ante la oficina a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez y solicita la intervención de la Relatoría ante el Estado argentino. El informe que acompaña la denuncia reúne datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que registra ataques a la prensa desde 2008.
Récord de agresiones contra la prensa
Según el documento, los casos pasaron de 116 en 2023 a 179 en 2024 y a 278 en 2025, la cifra más alta desde el inicio del monitoreo. En lo que va de 2026, ese récord ya fue superado.
FOPEA afirmó que más del 60% de las agresiones registradas durante 2026 proviene del presidente Javier Milei. El informe contabilizó cinco casos en 2023 en los que un presidente fue señalado como responsable: tres correspondieron a Alberto Fernández y dos a Milei. En 2024, el organismo atribuyó 56 hechos al actual mandatario; en 2025, 119; y en lo que va de 2026, 175.
Cuestionamientos al discurso presidencial
La denuncia detalla una escalada del discurso presidencial durante las últimas semanas. El 6 de octubre, Milei escribió en X: “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”.
El viernes 23 de octubre, durante la cena anual de la Fundación Faro y horas después de su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el Presidente mencionó a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes habían informado sobre ese caso. Luego afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
FOPEA advirtió ante la Relatoría que la evocación de violencia física contra periodistas identificados con nombre y apellido por parte del jefe de Estado representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa.
Otros hechos incluidos en la presentación
El informe también menciona la represión de las fuerzas federales durante las protestas frente al Congreso. Entre los antecedentes, incluye el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, gravemente herido en la cabeza en marzo de 2025, y el de siete trabajadores de prensa alcanzados por balas de goma durante la Marcha Federal Universitaria de este mes.
FOPEA señaló además campañas de hostigamiento mediante noticias falsas, como la que afectó a la periodista Julia Mengolini a través de videos fabricados con inteligencia artificial y amplificados por el Presidente. También denunció que, en marzo de 2026, la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación impulsó una campaña de desinformación y estigmatización contra la organización.
Entre las restricciones mencionadas figuran las limitaciones de acceso a la Casa Rosada y a la información pública. La sala de Prensa permaneció cerrada durante 11 días, entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2026. El documento también cuestiona los cambios introducidos por el Gobierno nacional en septiembre de 2024 a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La presentación enumera, además, el crecimiento de las acciones judiciales contra periodistas; las decisiones de censura previa en los casos de los audios atribuidos a Karina Milei, de la Compañía de Circuitos Cerrados de Tucumán y de los periodistas que investigan a la AFA; la condena en Formosa a un equipo periodístico por trabajar sin “carnet”, pese a que ese requisito no es obligatorio en el país; la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el avance de los desiertos de noticias locales.
El pedido ante la Relatoría
FOPEA solicitó que la Relatoría Especial remita una comunicación al Estado argentino y que se pronuncie públicamente sobre la situación. También pidió que se recuerden las obligaciones establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En particular, la organización reclamó que se considere el deber de los funcionarios de abstenerse de realizar expresiones que estigmaticen a periodistas o los expongan a riesgos. Además, solicitó que se evalúe una visita oficial al país y que la Relatoría coordine su actuación con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
FOPEA recordó que un panorama similar había sido expuesto en diciembre de 2025 durante una audiencia ante la CIDH. La organización reiteró su solidaridad con los periodistas agredidos y pidió a los dirigentes políticos, legisladores de todos los bloques e instituciones de la República que se pronuncien frente a un discurso que, según sostuvo, legitima la violencia contra quienes informan.
“La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía del derecho de toda la sociedad a estar informada”, afirmó FOPEA.