El Gobierno argentino confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La audiencia se desarrollará entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
La Oficina del Presidente informó que la Argentina avanzó en el procedimiento para solicitar medidas provisionales contra las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido.
Según el comunicado oficial, el pedido fue presentado el 13 de octubre con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.
La presentación estuvo a cargo de equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El equipo internacional de la Argentina
Para sostener la posición argentina, el Ejecutivo conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional.
Uno de ellos es el profesor Marcelo Kohen, ex secretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Kohen representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que ese tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.
También participa el profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales.
El tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
La posición argentina sobre las islas y los recursos
En el comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.
El Ejecutivo sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por ese país.