Peña fue destituido este viernes de la Presidencia de Paraguay por decisión unánime del Senado y quedó detenido en su domicilio de Asunción, en el marco de una investigación judicial vinculada al cierre de Ueno Bank.
El Senado declaró culpable al mandatario de mal desempeño de sus funciones en un juicio político. La resolución fue aprobada con el voto favorable de los 44 legisladores presentes, mientras que un senador estuvo ausente. La sesión se realizó sin la presencia del presidente, quien había delegado su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
Después de la destitución, la Fiscalía paraguaya ordenó el arresto domiciliario de Peña, acusado de presunta lesión de confianza y otros delitos relacionados con la intervención de Ueno Bank. El exmandatario fue citado a declarar este sábado a las 11.
En la misma causa también fue detenido el expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
Pedro Alliana asumió la Presidencia
Mientras se desarrollaba el procedimiento policial contra Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay. Durante la ceremonia, afirmó: “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”.
Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El antecedente fue Fernando Lugo, removido en junio de 2012.
La causa por el cierre de Ueno Bank
La crisis política se produjo en medio de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. Según la información difundida, la entidad tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
Durante la gestión de Peña, el banco había recibido importantes sumas de dinero provenientes de organismos públicos. La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y generó preocupación entre los jubilados del Instituto de Previsión Social.
En el proceso político, diputados denunciaron un presunto perjuicio de unos US$1200 millones para el Estado paraguayo y acusaron a Peña por sus vínculos con la entidad y por el supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia el banco.
La Constitución paraguaya establece, en su artículo 189, que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios con inmunidad parlamentaria, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Con la condena, Peña perdió ese beneficio y quedó expuesto a eventuales procesos penales sin necesidad de un trámite previo de desafuero.
La renuncia que no llegó a ser tratada
Antes de la definición del Senado, Peña había anunciado su renuncia mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. Sin embargo, el Congreso no la trató por falta de quórum.
“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, había expresado el entonces mandatario, quien también llamó a reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.