Una auditoría ordenada por el Gobierno nacional detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados internos de deuda exigible de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El relevamiento abarcó la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado su entonces titular, Diego Spagnuolo.
La cifra surgió al comparar la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con los datos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), responsable de implementar programas como Incluir Salud.
Según el documento, la DNASS declaró un nivel de deuda considerablemente mayor al registrado por el área contable. Parte de esos compromisos no habría completado los circuitos administrativos de control y reconocimiento establecidos dentro del organismo.
Qué determinó la auditoría interna
El trabajo examinó pagos a droguerías, deudas con proveedores, cajas chicas, equipos electrónicos, contrataciones, personal y declaraciones juradas correspondientes al período analizado.
“Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”, indicó el informe.
La auditoría también señaló posibles imprecisiones en los datos suministrados por la DNASS. Desde esa dependencia explicaron que tanto los importes como su clasificación podrían haber sufrido modificaciones por errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
El desfasaje contable no implica, por sí solo, que la totalidad de ese dinero haya sido sustraída o desviada. Se trata de una diferencia entre registros administrativos cuya composición y origen deberán ser determinados por los organismos de control y la Justicia.
Compras y contrataciones bajo investigación
La DNASS, que estaba conducida por Daniel Garbellini, también aparece bajo análisis en la causa investigada por el fiscal federal Franco Picardi.
La pesquisa intenta establecer si existió un presunto esquema de fraude relacionado con contrataciones, sobreprecios y posibles pagos de coimas. De acuerdo con la acusación fiscal difundida por medios nacionales, algunos procedimientos de compra habrían presentado sobreprecios sistemáticos y deficiencias administrativas.
Las defensas rechazaron esas acusaciones. Fuentes cercanas a Diego Spagnuolo sostuvieron que el exfuncionario no seleccionaba proveedores, no evaluaba precios ni intervenía operativamente en las adjudicaciones. Por su parte, Garbellini negó ante la Justicia la existencia de un desvío de fondos o su participación en un esquema de sobreprecios.
Observaciones sobre el mecanismo de pago
Otro punto cuestionado fue la utilización de la figura de “legítimo abono”, un mecanismo destinado a reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados sin haber atravesado previamente el procedimiento ordinario de contratación.
La auditoría indicó que esta modalidad continuaba siendo utilizada hasta la fecha de corte del relevamiento y que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios.
Aunque el informe no individualizó todos los pagos efectuados mediante ese mecanismo, señaló que los proveedores de medicamentos e insumos recibieron aproximadamente $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la documentación requerida fue puesta a disposición de la Justicia y que continuarán colaborando con la investigación.
