El Gobierno nacional amplió el Presupuesto 2026 en aproximadamente $15,6 billones mediante el Decreto 1391/2026 y redujo en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año. La modificación fue refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros.
El incremento equivale al 10,2% del crédito presupuestario vigente, estimado previamente en $152,47 billones. La medida alcanza a distintas jurisdicciones y organismos de la administración pública nacional, según surge de las planillas anexas al decreto, que tienen 564 folios.
El impacto sobre el resultado fiscal
Los recursos corrientes y de capital aumentaron aproximadamente $8,1 billones, una cifra inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto. La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto.
De acuerdo con los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación, ese excedente se ubicaría en alrededor de $18,9 billones.
Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones. Esto indica que una parte significativa de los gastos adicionales autorizados se concentraría durante las últimas semanas del año.
Los principales refuerzos presupuestarios
El mayor incremento corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano. La partida recibió un refuerzo cercano a $10 billones.
El segundo aumento más importante fue asignado al Servicio de la Deuda Pública, particularmente para el pago de intereses y comisiones, con aproximadamente $3,9 billones adicionales.
Entre las partidas reforzadas también aparece el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, que obtuvo cerca de $0,8 billones para financiar su funcionamiento.
La Gendarmería Nacional recibió alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El recorte en Servicios Económicos
La principal reducción se registró en la finalidad Servicios Económicos, cuyos créditos fueron recortados en aproximadamente $2,3 billones.
La reasignación refleja el traslado de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, entre ellas las prestaciones sociales, la salud, la seguridad y la atención de obligaciones financieras.
La explicación oficial
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que era necesario adecuar los créditos para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y cumplir con los compromisos asumidos por la administración pública nacional.
La norma también señala que distintas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes debido a niveles de ejecución superiores a los previstos originalmente.
La modificación se produce en un contexto de desvío respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. La pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, mientras que la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%.
La ampliación de los créditos no implica necesariamente un aumento equivalente del gasto en términos reales, ya que en buena medida responde a la actualización nominal de partidas frente a una inflación superior a la estimada. Además, se trata de autorizaciones de gasto que podrían subejecutarse.
Sin embargo, los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzarían para compensar completamente la expansión presupuestaria. Por ese motivo, el Gobierno utilizaría parte del superávit esperado y proyectaría cerrar 2026 con un resultado positivo de alrededor de $18,9 billones.


