El Gobierno enfrenta señales de freno en la actividad económica, pero el equipo de Javier Milei no prevé modificar su estrategia. Ante las proyecciones que anticipan una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, la respuesta oficial apunta a sostener la disciplina fiscal y monetaria, con menos pesos en circulación y nuevos recortes en las partidas donde todavía existe margen de decisión.
La mayoría de los analistas prevé que la economía registró dos caídas trimestrales consecutivas, una situación compatible con una recesión técnica. Al mismo tiempo, las expectativas de crecimiento para 2026 se deterioraron: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) pasó de proyectar una expansión anual de 3,5% a comienzos del año a estimar apenas 0,7% en el último sondeo, elaborado a fines de octubre.
El oficialismo descarta un plan expansivo
El presidente Milei sostuvo en una entrevista con A24 que una política expansiva exigiría recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria o un aumento de impuestos. Según su planteo, esas alternativas resultan inviables o contraproducentes, por lo que descartó un “plan platita” antes de los comicios presidenciales de 2027.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también rechazó la posibilidad de financiar al Estado mediante emisión y una expansión del gasto público. En la misma línea, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que “es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad”.
La lógica oficial consiste en mantener bajo control la cantidad de pesos para contener la inflación y evitar una presión adicional sobre el dólar oficial. En el Gobierno temen que una mayor liquidez impulse la cotización de la divisa y que ese movimiento se traslade luego a los precios.
El costo de esa estrategia recae sobre la economía real: una política monetaria más restrictiva limita el financiamiento, ralentiza la expansión del crédito y dificulta el consumo, la inversión y la refinanciación de deudas, especialmente en los sectores dependientes del mercado interno.
Menor margen fiscal para profundizar el ajuste
El frente fiscal también ofrece pocas alternativas. En mayo, Caputo había admitido que la posibilidad de profundizar el ajuste se había reducido y que el Estado necesitaba aumentar sus ingresos para preservar el resultado de las cuentas públicas.
“Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, había señalado el ministro.
El objetivo de superávit fiscal primario para 2026 fue fijado en 1,4%, de acuerdo con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cerca del 55% del gasto primario nacional está indexado a la inflación. Allí se encuentran jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Ese mecanismo limita el alcance de la denominada motosierra, ya que esas partidas se actualizan por ley según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por eso, los recortes se concentran en los rubros con mayor flexibilidad administrativa.
De acuerdo con datos del economista Lucas Tettamanti, de Equilibra, en octubre se produjo una “importante baja del gasto primario para lograr superávit primario y financiero”. En el acumulado del año, las mayores reducciones se registraron en transferencias a provincias, programas sociales —sin incluir la Asignación Universal por Hijo—, gastos de capital y salarios públicos.
Las medidas puntuales para sostener la actividad
Sin margen para un estímulo fiscal de mayor escala, el Ejecutivo anunció medidas específicas que no comprometen el superávit. Entre ellas, flexibilizó el acceso a créditos en dólares para empresas que no generan divisas y habilitó el financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.
Además, postergó la actualización del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, suspendió hasta mayo de 2027 los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a pequeñas y medianas empresas, extendió a 18 cuotas los planes de pago de deudas y permitió utilizar la totalidad de los saldos a favor para cancelar impuestos aduaneros.
La consultora 1816 consideró que el Ejecutivo no dispone de instrumentos fiscales, monetarios o cambiarios de escala suficiente para provocar un repunte marcado de la actividad antes de las elecciones. También estimó que la política de tasas durante 2027 estará más orientada a cuidar el tipo de cambio que a estimular el crédito.
El Gobierno apuesta además a que las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales aporten impulso a la construcción, uno de los sectores de peor desempeño en los últimos tres años. También espera que una eventual distensión del conflicto en Medio Oriente reduzca las tasas de interés internacionales y el precio del petróleo.


