El desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán fue solicitado nuevamente ante la Cámara de Diputados de San Luis, en el marco de la causa que investiga el presunto vaciamiento del Molino Fénix. La Fiscalía pidió avanzar con la acusación y anticipó una pena de 14 años de prisión.
El fiscal José Olguín presentó el pedido este viernes junto con la acusación formal contra Beltrán y los otros cinco imputados del expediente. También participó el fiscal adjunto, Marcelo Palacios.
La solicitud alcanza a la exdiputada Anabela Lucero; su hermano, Enzo Lucero; su cuñado, Ezequiel Scarel; el empresario Christian Becher; y Diego Torres. Los primeros cuatro se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que Torres cumple prisión domiciliaria, según la información difundida.
El antecedente de la primera votación
La Cámara de Diputados ya había tratado el desafuero el 16 de septiembre. En esa oportunidad, el pedido obtuvo 28 votos afirmativos, uno menos de los 29 necesarios para su aprobación. Además, seis legisladores estuvieron ausentes y la iniciativa no prosperó.
Durante aquella sesión, Beltrán afirmó que continuaría “estando a derecho como desde el primer día” y sostuvo que no utilizaba los fueros “para esconderse”, sino que le correspondían por su investidura. También había dicho que renunciaría a ellos cuando llegara el momento de la acusación fiscal, “tal cual es establecido por el Código Procesal Penal de la provincia”.
La acusación contra el diputado
Beltrán fue imputado por ocho hechos en concurso real. Entre los delitos mencionados figuran administración fraudulenta, asociación ilícita, peculado, destrucción de pruebas e inutilización de medios de prueba.
De acuerdo con la Fiscalía, el diputado y su pareja, Anabela Lucero, son señalados como los presuntos jefes de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante una maniobra financiera en la que también habrían intervenido los demás acusados.
El perjuicio económico es estimado provisoriamente en 900 millones de pesos. La causa se originó en hechos vinculados con el Molino Fénix, ubicado en Villa Mercedes, durante el período en que Beltrán se desempeñó como funcionario de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Qué podría ocurrir si se aprueba
Olguín explicó que la remoción de los fueros constituye un “requisito constitucional” para que el proceso pueda avanzar hacia el juicio oral. “De no concederse, básicamente no podría ser juzgado”, sostuvo.
Si la Cámara aprueba el nuevo pedido, el Ministerio Público Fiscal podrá solicitar medidas de coerción, entre ellas la prisión preventiva. La Fiscalía considera que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y señaló que ya se registraron antecedentes de presiones sobre algunos imputados.
La nueva presentación deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, que tendrá que emitir una resolución y someterla a votación.


