El reciclaje en Argentina atraviesa un escenario de falta de regulación nacional: el país no cuenta con una Ley de Envases ni con un sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), mientras el volumen de plásticos recuperados cayó un 11% durante 2025.
El dato fue difundido por Ecoplás y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) a través del Dossier de Economía Circular: Industria Plástica, Tecnología e Innovación 2026. Según la entidad, Argentina es el único país entre las cinco principales economías de América Latina que no posee una normativa nacional de este tipo ni metas obligatorias de material reciclado.
Un debate legislativo de más de dos décadas
La ausencia de una legislación específica se extiende desde hace más de 20 años, con distintos debates parlamentarios que no lograron avanzar hasta una sanción definitiva. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa general de reciclaje argentina ronda el 6%.
La normativa de Responsabilidad Extendida del Productor busca que quienes fabrican o comercializan productos asuman la gestión de los envases una vez que estos se convierten en residuos. En otros países de la región, ese principio se aplica mediante regulaciones y objetivos obligatorios.
Caída de la recuperación y capacidad ociosa
Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplás, señaló que la baja del consumo incidió en los resultados de 2025. En ese período, el volumen de plásticos recuperados descendió 11%, mientras que la industria recicladora opera con casi un 50% de capacidad ociosa.
El diagnóstico fue incluido en el documento técnico presentado este año por Ecoplás y CAIP, que analiza la situación del reciclaje de envases y plásticos en el país.
El proyecto que continúa en Diputados
En 2025, el exdiputado nacional Carlos D’Alessandro presentó el proyecto de ley 1059-D-2025. La iniciativa propone un esquema de gestión privada financiado por los propios productores, sin tasas estatales obligatorias, y contempla la aplicación del principio REP a través de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (DDR).
El proyecto fue analizado en una reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, junto con representantes del sector y de cámaras industriales, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA).
Actualmente, la propuesta continúa en discusión en las comisiones correspondientes, aunque todavía no cuenta con dictamen definitivo para ser tratada en el recinto.
Sergio Hilbrecht, director ejecutivo y gerente general de CAIP, afirmó que existe la posibilidad de que el Congreso avance con la iniciativa “antes de fin de año”. También sostuvo que la entidad mantiene conversaciones con el oficialismo y otros partidos, y destacó el trabajo realizado con la Dirección de Industria Sostenible.
Según Hilbrecht, la eventual ley podría generar desarrollo productivo además de beneficios ambientales, dado que el sistema sería financiado por el sector privado.