San Luis ya tiene su nuevo régimen procesal penal juvenil. La Cámara de Senadores convirtió en ley este martes el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi, que modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.

La adecuación busca adaptar la legislación provincial a la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La norma establece procedimientos específicos para adolescentes desde esa edad y hasta antes de cumplir los 18 años.
Un proceso especializado para adolescentes
Durante el tratamiento legislativo, el senador Martín Olivero explicó que la iniciativa procura consolidar un proceso especializado y socioeducativo, con garantías constitucionales y convencionales para los adolescentes.
El nuevo régimen se apoya en los principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención. La privación de la libertad queda prevista como una medida excepcional y de último recurso, mientras que las decisiones deberán ser proporcionales, revisables y aplicadas durante el menor tiempo necesario.
La legislación también diferencia el proceso penal del sistema de protección integral de derechos, con el objetivo de evitar que la vulnerabilidad social derive en una respuesta punitiva.
Medidas alternativas y protección de las víctimas
Entre las herramientas incorporadas figuran la mediación penal juvenil, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado. También se contemplan medidas alternativas a la privación de la libertad, como la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño a la víctima.
La ley regula además la utilización de la cámara Gesell para las declaraciones de niños, niñas y adolescentes, con intervención de profesionales especializados y medidas destinadas a evitar la revictimización.
Para las víctimas mayores de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se prevé una evaluación técnica previa. Ese análisis permitirá determinar si resulta necesario aplicar modalidades especiales de declaración ante un eventual riesgo para su salud psicofísica.
Especialización judicial y establecimientos específicos
Los jueces con competencia penal juvenil intervendrán en los hechos atribuidos a personas de entre 14 y 18 años. La norma exige, además, la especialización y capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores.
Cuando sea necesaria una medida privativa de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo la supervisión de personal capacitado. El esquema procura garantizar la continuidad educativa y la reintegración social.
La sanción de la ley fue precedida por un trabajo conjunto entre representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil, funcionarios, legisladores, magistrados y representantes de los ministerios públicos analizaron los cambios necesarios para implementar la normativa en la provincia.
En ese marco, el gobernador Claudio Poggi había firmado el proyecto junto con otras medidas destinadas a adecuar la infraestructura de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y fortalecer los recursos para la aplicación del nuevo sistema.


