SAN LUIS puso en marcha este jueves una nueva etapa del programa de análisis toxicológicos obligatorios para funcionarios y trabajadores del Estado. En total, 5.800 personas serán evaluadas dentro de un universo de 12.200 agentes públicos, en el marco de la ley de Ejemplaridad y Coherencia, que busca reforzar los estándares éticos en la función pública.
Entre los seleccionados se encuentran 1.800 funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de policías, personal del servicio penitenciario y trabajadores del sistema de salud pública, incluyendo médicos y enfermeros.
Un operativo que se extiende a Villa Mercedes
Los estudios son realizados por el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), institución responsable de los análisis científicos.
En Villa Mercedes, el operativo se desarrolla en el Hospital Juan Domingo Perón (Bailone), donde el equipo técnico de la universidad instaló el dispositivo para la toma de muestras destinadas a quienes residen en la ciudad y su zona de cobertura.
Durante la primera jornada se realizaron 152 análisis, correspondientes a un total de 210 personas que fueron previamente seleccionadas mediante un sorteo público realizado el martes en la Caja Social de la Provincia de San Luis.
Segunda edición del programa provincial
La implementación del procedimiento está a cargo de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, organismo que actúa como autoridad de aplicación.
El programa se desarrolla por segundo año consecutivo en la provincia, aunque esta es la primera vez que se realiza en Villa Mercedes, ampliando el alcance territorial del control.
Cómo funciona el análisis toxicológico
El examen consiste en un análisis de orina que permite detectar diez sustancias establecidas por ley, entre ellas benzodiacepinas, cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas.
En caso de que un resultado arroje positivo, la persona analizada tiene la posibilidad de solicitar el estudio de una contramuestra, lo que permite verificar el resultado inicial.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la aplicación de la ley de Ejemplaridad y Coherencia busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, promoviendo estándares de conducta acordes a las responsabilidades institucionales.
