El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el 28 de noviembre, con el objetivo de reforzar la presión sobre las empresas vinculadas con la explotación petrolera en la zona disputada.
La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles 18 de noviembre. Ante la falta de acuerdos sobre algunos capítulos, el oficialismo evalúa impulsar una votación por partes para separar el régimen de sanciones de las disposiciones que generan mayor resistencia entre bloques aliados y opositores.
Un nuevo régimen de sanciones
La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, propone reemplazar el esquema vigente por un régimen más amplio para sancionar actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales sin autorización argentina.
El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, inhabilitaciones, restricciones para contratar con organismos públicos, sanciones penales y mecanismos de desistimiento y regularización para quienes abandonen las operaciones cuestionadas.
Uno de los cambios centrales es la ampliación del alcance de las medidas a empresas, accionistas y proveedores que participen de la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. La aplicación de las nuevas penalidades dependerá del texto que finalmente se sancione, de su entrada en vigor y de los procedimientos correspondientes.
La legislación vigente, establecida por la Ley 26.659 y modificada en 2013, ya prevé inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas, restricciones para contratar con el Estado y limitaciones a beneficios impositivos.
La negociación en Diputados
El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo aún no logró cerrar un acuerdo sobre el Título VII. Ese apartado modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera.
Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese capítulo o separarlo del resto de la norma. El Gobierno ofreció cambios de redacción, pero se resiste a retirarlo completamente.
La votación por capítulos requeriría un acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria o del pleno de la Cámara. La estrategia oficial apunta a que sectores que rechazan otras partes del proyecto acompañen al menos las sanciones relacionadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Desde Unión por la Patria indicaron que no mantuvieron conversaciones con el oficialismo sobre ese mecanismo y que el procedimiento se discutirá cuando se convoque a la sesión. Además, señalaron que el tratamiento del 18 de noviembre todavía no fue formalizado.
Las modificaciones electorales necesitan 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que el oficialismo no tiene garantizada. También existen cuestionamientos sobre el alcance de las figuras penales relacionadas con campañas de injerencia extranjera y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
El reclamo ante el Tribunal del Mar
La discusión legislativa se produce antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Las audiencias se realizaron el 10 y el 11 de noviembre, luego de que la Argentina solicitara medidas provisionales para frenar las actividades del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El pedido argentino incluye impedir nuevas perforaciones e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar autorizaciones que agraven la controversia. La lectura de la resolución está prevista para el sábado 28 de noviembre.
El desarrollo Sea Lion es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La Argentina sostuvo que la extracción podría causar perjuicios irreparables sobre recursos no renovables y alterar la situación antes de que intervenga el tribunal arbitral.
El Reino Unido rechazó los argumentos argentinos y pidió que se desestimen las medidas, al cuestionar la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique la intervención.
Los escenarios que analiza el Gobierno
La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros. Ese órgano tendrá una función distinta de la del tribunal permanente de Hamburgo y deberá analizar su propia competencia antes de resolver, si corresponde, las pretensiones del arbitraje.
En la Casa Rosada contemplan tres escenarios para el 28 de noviembre: una decisión favorable, la concesión de medidas parciales o el rechazo de la solicitud. Una eventual negativa a dictar medidas urgentes no implicaría necesariamente el final del procedimiento arbitral, aunque sus fundamentos serían relevantes para definir los próximos pasos.
La resolución tampoco determinará la soberanía sobre las islas, ya que esa cuestión no forma parte de las pretensiones sometidas a esta instancia.
En paralelo, la Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. En septiembre se iniciaron expedientes contra 45 sujetos y luego se amplió el alcance a otros 15.
El Gobierno busca combinar esas actuaciones administrativas con el reclamo diplomático, la vía arbitral y una eventual reforma legislativa. La mesa política fue convocada para el martes 17 de noviembre, un día antes de la fecha que el oficialismo pretende para el tratamiento en Diputados.


