La Argentina pidió frenar la explotación de petróleo británica en las aguas próximas a las Islas Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El planteo apunta al proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias comenzaron este martes y continuarán hasta el miércoles. Se trata de la primera vez que la Argentina litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las islas.
El pedido argentino ante el Tribunal del Mar
La delegación argentina solicitó que se dicten medidas provisionales para impedir el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental, evitar que el Reino Unido agrave la disputa y preservar la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de protección del medio marino.
El embajador Mario Oyarzábal, quien actúa como agente argentino, aclaró que el tribunal no debe resolver en esta instancia la soberanía sobre el archipiélago ni la delimitación marítima. Según explicó, el objetivo es evitar cambios irreversibles antes de que se resuelva la controversia de fondo.
La posición argentina se apoya, según el Gobierno, en cuatro principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): la preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental, la prohibición de avanzar unilateralmente sobre recursos no renovables, el deber de no entorpecer la solución del conflicto y la protección del ambiente marino.
Oyarzábal también advirtió que las acciones británicas podrían afectar la capacidad argentina de cumplir sus propios compromisos internacionales de conservación del ecosistema marino.
La respuesta del Reino Unido y el cronograma
El Gobierno británico de Andy Burnham rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tenga jurisdicción para examinar el reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas. También afirmó que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas.
La exposición británica está prevista entre las 15 y las 18, mientras que el miércoles habrá una segunda ronda de preguntas: la delegación argentina participará de 10.30 a 12 y la británica, de 17.30 a 19. Las presentaciones serán en inglés o francés y podrán seguirse por streaming en el sitio oficial del tribunal.
El pedido se encuadra en el arbitraje que la Argentina inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre bajo la CONVEMAR. Como el tribunal arbitral todavía no fue constituido, el Gobierno recurrió el 13 de octubre a Hamburgo para solicitar medidas urgentes.
Cuándo podría conocerse la decisión
El Gobierno estima que el Tribunal del Mar podría emitir una orden entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, hacia la segunda mitad de noviembre o comienzos de diciembre. Como antecedente menciona el caso de la fragata Libertad, aunque reconoce que aquel proceso no establece un plazo obligatorio.
Las empresas proyectan comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Según el Ejecutivo, la explotación podría generar un hecho consumado irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos.
La Casa Rosada contempla tres escenarios: que el tribunal acepte el pedido completo, que adopte una decisión parcial o que rechace la solicitud por falta de urgencia o de jurisdicción prima facie. En cualquiera de los casos, el arbitraje continuaría y, según el Gobierno, ningún resultado implicaría validar legalmente la actividad británica.
La estrategia del Gobierno
La delegación oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También participan Oyarzábal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.
La defensa incorpora además a los especialistas internacionales Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani. Kohen fue exjuez ad hoc del Tribunal y representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, cuando el organismo ordenó liberar el buque en 2012.
El Ejecutivo también informó que envió más de 180 notas de desaliento a empresas vinculadas con Sea Lion, proveedores y compañías relacionadas con proyectos de exploración. Además, inició 60 procedimientos sancionatorios y presentó denuncias penales contra empresas y personas involucradas, aunque todavía no se aplicaron penalidades definitivas, según reconocieron fuentes oficiales.
La estrategia se completa con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y la continuidad de los reclamos diplomáticos ante organismos de las Naciones Unidas.